El Senado de Mendoza aprobó con 22 votos a favor y 16 en contra el desafuero del senador Marcelo Romano (Protectora Fuerza Política) que solicitó la Justicia de esa provincia, debido a la denuncia en su contra por presunto “atentado contra la autoridad” luego de haber amenazado, según la acusación, a policías que detuvieron a su hija en un control de tránsito.
El Frente Cambia Mendoza (integrado principalmente por la UCR y el PRO) aportó la mitad más uno de los votos, mientras que el peronismo se opuso a la medida.
El senador Romano denunció en su discurso que se trata de “una mordaza que le coloca el oficialismo” por su defensa sobre la Ley 7.722 (en rechazo al proyecto de ley 9.209 impulsado por el gobernador Rodolfo Suárez y que luego de una masiva movilización de vecinos fue derogado en el Congreso mendocino) y el cuestionamiento a la “poca transparencia” en la licitación de Portezuelo del Viento.
Desde la UCR mendocina remarcaron que Romano continuará siendo legislador y que no se afectará su dieta, a la vez que rechazaron que la acusación se trate de una “persecución política”. La respuesta del bloque oficial es que se dio lugar al pedido de la fiscal Gabriela García Cobos de quitarle los fueros al legislador para seguir con la instrucción del caso, publicó el diario El Sol.
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El delito de “atentado a la autoridad” del que se acusa a Romano figura en el artículo 238 del Código Penal y establece penas de prisión que van de seis meses a dos años.
Según Romero, quien está detrás del interés de acallarlo es el exgobernador mendocino y actual presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo.
“Lo que más molesta a Cornejo son sus pedidos de informes (por Romano) respecto de un proyecto hidroeléctrico multipropósito en Malargüe, Portezuelo del Viento, ‘la verdadera joya de la corona’, como denominó la periodista Alejandra Dandan, al negocio de 1.023 millones de dólares”, publicó el portal El Cohete a la Luna y que la Cámara Argentina de la Construcción envió una carta al gobernador Suárez en la que calificó la licitación como “poco transparente” ya que tiende a favorecer a una empresa local y a otras chinas.
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Respecto al desafuero, el exmiembro de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Pérez Hualde explicó que el artículo 167 de la Constitución Nacional permite avanzar con el proceso penal según distintos requisitos. “Por un lado, que el legislador se esté escudando en sus fueros para impedir que avance la Justicia en la investigación del caso”, dijo en diálogo con LVDiez.
La segunda condición es que estén dadas las condiciones para producir el dictado de la prisión preventiva. “Hay que remover sus fueros cuando es necesario privarlo de la libertad, allanar el domicilio, llevarlo obligadamente a prestar indagatoria. Este tipo de medidas en donde se actúa con violencia legítima sobre la persona de diputado”, aclaró el exmagistrado mendocino.
Pérez Hualde sostuvo que en el caso de Romano “es prácticamente imposible” la segunda condición porque la pena es insuficiente. “Él está siendo investigado por un proceso en el cual nunca le pondrían más de 2 años y, en segundo lugar, debe acreditar que existe algunos de los riesgos, que se está por fugar, que hubo que pedir su captura, que se niega a concurrir a los Tribunales”, aclaró.
En noviembre del año pasado, la fiscal Gabriela García Cobos imputó al senador de Protectora Fuerza Política y lo acusó de presunto “atentado contra la autoridad” por un altercado que mantuvo con agentes de la policía cuando frenaron a su hija, que circulaba en un Renault Clio en el Acceso Sur.
Según se estableció en la denuncia, Romano habría amenazado a los policías con hacerlos echar cuando frenaron a su hija en un control vial, ya que aparentemente circulaba con exceso de velocidad. “A mi hija la rodearon seis patrulleros, armaron un aparato gigantesco. En ese momento le dije al exministro de Seguridad, Venier (Gianni), que me parecía un despropósito sin importar de quién era la hija”, afirmó Romano.
