El Gobierno provincial dijo este jueves que pretende «esclarecer» qué sucedió ayer con el empresario agropecuario Luis María Bompadre, en Catriló, que denunció violencia policial en medio de las medidas restrictivas por la cuarentena.
«A raíz de los hechos de público conocimiento acaecidos en el día de ayer por la tarde en la localidad de Catriló, se inició una causa penal al señor Luis María Bompadre por los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas, con intervención del Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa», dijo el Gobierno, en un comunicado de prensa. «Más allá de lo expuesto y conforme la versión periodística respecto de lo que le hubiera ocurrido al Sr. Bompadre, el Fiscal General de la Primera Circunscripción Judicial, Máximo Paulucci inició de oficio las actuaciones correspondientes a los efectos de investigar el accionar del personal policial que formó parte del procedimiento del que da cuenta la información periodística», informó.
«Sin perjuicio de lo expuesto, en el día de la fecha se puso en conocimiento de dichas actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a fin de que dé inicio a la investigación administrativa y se determinen las responsabilidades que estime corresponder, desconociendo si el mencionado Bompadre había iniciado denuncia alguna al día de la fecha», sostuvo.
¿Qué sucedió? De acuerdo a lo que dijo públicamente el empresario, este miércoles 5 a la tarde tuvo un entredicho con un policía en el acceso al pueblo cuando se dirigía a su oficina, sobre la ruta 5.
Allí, según trascendió, insultó al policía e incluso casi lo atropelló con su camioneta.
Luego, ya en la oficina de él, irrumpieron policías con armas largas que se lo llevaron a la comisaría, donde estuvo demorado y le abrieron una causa por atentado, resistencia a la autoridad y amenazas.
El empresario dijo que le pegaron en la oficina. «Me cagaron a palos porque me querían esposar», dijo.
Por estos hechos hay dos causas penales. Una, la de resistencia a la autoridad contra Bompadre, está a cargo de la fiscal Cecilia Martiní. La otra, contra los policías, se encuentra en manos del fiscal Máximo Paulucci.
