La empresa Correo Argentino, de la familia Macri, quedó a un paso de que se decrete su quiebra definitiva si este viernes nadie se inscribe para participar del «cramdown” o salvataje.
A fines del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó la apertura de un registro para iniciar el proceso de salvataje para Correo Argentino S.A., el cual de fracasar dejaría a la firma al borde de la quiebra.
En aquel entonces las magistradas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, de la Sala B de la Cámara Comercial, sostuvieron en su fallo que «no habiendo sido obtenida la conformidad requerida al Estado Nacional, no cabe más que confirmar la resolución de Primera Instancia en cuanto decide la apertura del Registro de cramdown».
El cramdown consiste en un llamado público con el propósito de indagar si un particular o entidad manifiesta su intención de comprar una empresa que no se encuentra en condiciones de ordenar sus deudas.
De acuerdo a esta sentencia, en esa situación se encontraría el Correo Argentino, y si este trámite no se concreta el próximo paso sería decretar la quiebra de esta firma que perteneció a la familia del expresidente Mauricio Macri y que actualmente es una Sociedad Anónima con el Estado nacional como único accionista.
Gómez Alonso y Ballerini responden de esta forma un pedido de la fiscal Gabriela Boquín, que instruye en la causa de la deuda del Correo para que se abriera el registro de cramdown.
En septiembre pasado, cuando Macri era aún jefe de Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había ordenado que continúe el proceso de concurso preventivo del Correo.
El Máximo Tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Estado -en esa ocasión ya con la administración de uno de los miembros de la familia expropietaria, Mauricio Macri- y concedido por la Cámara en lo Comercial, donde se requería más plazo para analizar una oferta de pago de la empresa postal.
La Corte había declarado como «mal concedido» el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado nacional que pretendía la ampliación del plazo para evaluar la propuesta concordataria de Correo Argentino S.A. para saldar su deuda y dispuso «la devolución de la causa para continuar con el trámite del concurso».
La familia Macri, a través del Grupo Socma, administró el Correo entre 1997 y 2003, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato aduciendo que los concesionarios habían pagado un solo año de canon en ese período y entonces acumularon la deuda.
Finalmente, al cabo de una compleja y extensa cadena de tratativas comerciales y acciones judiciales -que incluyó propuestas de pago del grupo Macri que fueron rechazadas casi en su totalidad por considerarse que pretendían abonar una suma sustancialmente inferior a la deuda- llega esta resolución del tribunal de alzada que apela a la última alternativa previa a la quiebra de la compañía.
La siguiente es una cronología de la causa por la concesión del Correo Argentino:
– Marzo de 1997: El presidente Carlos Menem otorga por decreto la concesión de la empresa Correo Argentino S.A. a la Sociedad Macri (SOCMA), por lo que Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal.
– Noviembre de 2003: El presidente Néstor Kirchner le rescindió al Grupo Macri el contrato de concesión y denunció que la empresa sólo había cumplido con el pago del canon durante el primer año, por lo que en 2001 la deuda con del Correo el Estado ascendía a 296 millones de pesos.
– Junio de 2016: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia del Correo Argentino con los acreedores para lograr un acuerdo y saldar la deuda. Los representantes del Estado aceptaron la propuesta de la empresa, que ofreció pagar el 100% del capital verificado (296 millones de pesos) en 15 cuotas anuales y consecutivas a abonarse desde fines de 2017. El acuerdo debía ser homologado por la Justicia comercial.
– Diciembre de 2016: La fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó la oferta de la empresa por considerar que era «abusiva», implicaba un perjuicio fiscal y su aceptación dañaba «gravemente» el patrimonio del Estado. En su dictamen, Boquín señaló que la empresa de la familia Macri «se benefició con un estado de eterno concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores».
– Febrero de 2017: El diputado Martín Sabbatella (Frente para la Victoria) y el abogado Daniel Igolnikov denunciaron penalmente al gobierno de Macri por el acuerdo. El expediente recayó en manos del juez Ariel Lijo. El fiscal Juan Pedro Zoni impulsó la investigación por supuesto perjuicio ocasionado al Estado e imputó al presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
– Abril de 2018: El Procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, desplazó y trasladó a Zoni. Quedó en su lugar el fiscal Gerardo Pollicita.
– Diciembre de 2018: Lijo citó a indagatoria a Aguad, ex ministro de Comunicaciones y por entonces ministro de Defensa; a Juan Manuel Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; a Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo, y Jaime Leonardo Kleidermacher, abogado de esa empresa; acusados de intervenir y ser partícipes de la maniobra en la negociación presuntamente abusiva y «perjudicial» para el Estado.
– Marzo de 2019: Los cuatro indagados declararon que el acuerdo no fue perjudicial para el Estado y reclamaron que la causa se cerrara por «falta de acción».
– Agosto de 2019: Los jueces de la sala 2 de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron los planteos para cerrar la investigación de los directivos de la empresa Correo Argentino y dieron luz verde a Lijo para avanzar y resolver la situación procesal de los indagados.
– Marzo de 2020: La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la «intervención plena» de la empresa Correo Argentino S.A. y el «desplazamiento total» de su directivos, en cumplimiento de una serie de medias solicitadas por Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago. Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el «conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos» y sembró «un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento».
