Los pliegos de 29 jueces, fiscales y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar vacantes en juzgados de distintos puntos del país fueron girados a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta para recibir aval de los senadores antes de su paso por el recinto.
Entre ellos, están los pliegos de Iara Silvestre -actualmente a cargo de la secretaría penal del Juzgado Federal de Santa Rosa- para que sea la fiscal federal de Santa Rosa y de Ivana Hernández -hoy fiscal provincial- para que se convierta en la primera jueza federal de General Pico.
Hasta principios de año eran otros postulantes. Pero el peronismo decidió retirar los pliegos que había enviado la administración de Mauricio Macri: así quedaron fuera de carrera Ignacio Rodríguez Berdier -quien era propuesto para juez en Pico- y de Cecilia Martiní -para la fiscalía santarroseña-, pudo confirmar Diario Textual.
Actualmente en La Pampa la Justicia federal se concentra en Santa Rosa: el juzgado de Pico, pese a que ya cuenta con edificio, no se ha puesto en marcha. El titular del juzgado santarroseño es Juan José Baric.
La fiscalía santarroseña, por su parte, está subrogada por Leonel Gómez Barbella. Este es, en rigor, el titular de la fiscalía piquense, pero el Consejo de la Magistratura lo designó para que ocupe provisoriamente el edificio de la avenida San Martín.
Además, están los pliegos de Edgardo Correa, Enrique Alonso Regueira y Diego Cormick como postulantes a jueces de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires; de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, como juez federal de primera instancia de Mercedes (Buenos Aires); y de Néstor Barral, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
A ellos se suman también Susana Pravata, candidata a jueza de primera instancia número 4 de Mendoza; Hugo Navarro, candidato a camarista del Tribunal Oral de menores 3 de CABA; Guillermo Todarello, defensor oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal y María Carolina Pereira, como jueza de Cámara del tribunal Oran en lo Criminal Federal de San Luis.
Integran la lista además Gema Guillen Correa, como defensora ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan y María Constanza Caeiro, como jueza nacional de primera instancia en lo Civil 30 de CABA.
El Poder Ejecutivo pidió además acuerdo para designar a Martín Innocente al frente del juzgado federal de primera instancia de Roque Sáenz Peña, Chaco; a Inés Jaureguiberry como defensora pública en la provincia de Buenos Aires; a María Belén Puebla como jueza nacional de primera instancia en lo Civil 108 de CABA; y a David Perelmuter, como juez de cámara del Tribunal Oral de Menores 1 de la ciudad de Buenos Aires.
También a Ivana Mezzelani, como defensora ante tribunales de La Plata; Ramiro, Rúa, como defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación; Eduardo Villalba, como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Héctor Heim, como juez federal de Pehuajó (Bs.As).
La lista incluye a Juan Fantini Albarenque, como vocal de la sala dos de la Cámara Federal de Seguridad Social; Martina Gómez Romero, en la Defensoría General de la Nación; Viviana Piñeiro, como vocal de la sala 1 de la Cámara Federal de Seguridad Social; Pablo Quiros, como juez federal de primera instancia número dos de Mendoza; y a Pablo Salinas, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza.
También fueron añadidos los pliegos de Daniel Alonso, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Alejo Amuchastegui, como defensor en tribunales de Mendoza; y María Caccioppoli, jueza federal 2 en Concepción del Uruguay.
La Comisión de Acuerdos, que preside la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, tiene previsto reunirse el próximo viernes a las 10.30 para tratar el traslado de los camaristas porteños Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py 2002.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, estos jueces fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, la primera instancia de revisión de lo actuado por los doce juzgados federales de instrucción del fuero de excepción.
El conflicto por estos pases se inició cuando el oficialismo planteó en el Consejo de la Magistratura revisar esas medidas al entender que fueron dispuestas de manera irregular, tanto por las diferentes funciones de los cuerpos que integraron antes y la falta de acuerdo del Senado.
