El abogado defensor José Mario Aguerrido pidió en las últimas horas al fiscal Marcelo Amado que “no mediatice” la causa contra dos jueces, un fiscal y empresarios que están investigados por presuntamente violar la cuarentena, con una cena clandestina, el Día del Amigo.
El defensor pidió que “se impida la mediatización de medidas de prueba en especial teniendo en cuenta la existencia de un planteo de la defensa que podría invalidar el legajo en su totalidad”, según pudo confirmar Diario Textual.
“La no preservación o reserva de lo que se vaya obteniendo a título de medida investigativa en el ámbito del legajo, puede importar la vulneración de garantías constitucionales”, alertó Aguerrido.
“Lo que requiero no tienen que ver con limitar derechos de las partes, sino evitar que el producido de medidas de pruebas tengas una mediatización inconsulta”, argumentó.
En esta causa hay un grupo de apuntados por violar la cuarentena durante el Día del Amigo: entre otros, los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge; el fiscal general Guillermo Sancho; el empresario Carlos Ruiz Pérez, el abogado Marcelo Molín y el exfuncionario de Salud, Pedro Arcuri (fue echado por el Gobierno).
Ese lunes 20 de julio se podían hacer las reuniones sociales hasta las 20 horas. Pero según filmaciones de la Policía que fueron incorporadas a la causa y a las que accedió Diario Textual, el encuentro se habría extendido hasta los primeros minutos de la madrugada del martes 21.
Las imágenes dan cuenta que los sospechados de violar la cuarentena habrían estado hasta la medianoche del lunes 20 de julio en la casa del juez del Tribunal de Impugnación Penal, Pablo Balaguer, sobre la calle Olga Orozco, al este de la ciudad. Y que en un caso, como el del empresario achense Carlos Ruiz, recién habrían llegado sobrepasadas el plazo permitido.
El Gobierno fue el denunciante en la Justicia a partir de la declaración de Ruiz cuando dio positivo de covonavirus y, al ser consultado por médicos, reveló que había estado en un encuentro en la noche del Día del Amigo.
El abogado Aguerrido ha pedido cerrar la causa y, como reparación, que sus defendidos abonen 20 mil pesos cada uno.
Hasta el momento, los jueces -tanto de primera instancia como subrogantes del Tribunal de Impugnación Penal- han dicho que es prematuro dictar la nulidad. Por eso el defensor ha decidido recurrir al Superior Tribunal de Justicia: la intención es que se dicte la nulidad de la causa y se cierre.
