Dos diputados nacionales de La Pampa y de San Luis pidieron que intervenga el Estado nacional frente a “los crecientes conflictos” desatados en límites interprovinciales y a decisiones como las adoptadas por la provincia puntana que “restringen el tránsito de personas y bienes”, con un “exceso de las atribuciones” establecidas por la Constitución Nacional y las reglas sentadas por el Estado Federal en el contexto de la pandemia de coronavirus.
La iniciativa es de los dirigentes radicales Martín Berhongaray (La Pampa) y Alejandro Cacace (San Luis), luego de los últimos hechos que, incluso, incluyeron bloqueos de rutas por parte de productores rurales.
En su proyecto, exhorta al Poder Ejecutivo los siguientes puntos:
a) Emita las directivas y ejerza los actos necesarios a fin de garantizar que los gobiernos de provincia ajusten su actividad en orden a asegurar el respeto de los derechos establecidos por la Constitución y las leyes nacionales acerca del tránsito de personas y bienes, sin otras restricciones que las establecidas por el Estado Federal.
b) En caso de que resulte estéril esa actividad:
b.1) promueva las acciones judiciales pertinentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de asegurar la vigencia de los derechos constitucionales y de los Protocolos para el tránsito seguro interjurisdiccional, con el principal objetivo de garantizar la paz social, haciendo cesar toda medida inconstitucional tendiente a paralizar la circulación de personas o bienes afectando las garantías y principios emergentes de los artículos 9 a 12, artículo 14, artículo 31, artículo 75 inciso 13 y artículo 128 de nuestra Ley Fundamental.
b.2) Requiera las medidas cautelares conducentes al cumplimiento de esa finalidad.
Los legisladores recordaron que ya pasaron más de 6 meses del dictado del DNU N° 297/20 y de la Decisión Administrativa Nº 429 que declararon a determinadas actividades y servicios impostergables como esenciales en esta emergencia, vinculadas fundamentalmente, entre otras, con el comercio exterior, el transporte de cargas nacional e internacional en todas sus modalidades (terrestre, aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre), el agroindustrial y la producción y distribución de combustibles. Las personas afectadas a esas actividades esenciales se encuentran exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular en relación con el estricto cumplimiento de esas actividades y servicios.
“A pesar de que lo relativo al ingreso y egreso a los territorios provinciales de todo lo vinculado a estas actividades esenciales ya ha sido resuelto por la autoridad de aplicación nacional a través de la aprobación de los protocolos para el tránsito seguro interjurisdiccional, resulta evidente que el mandato federal no está siendo respetado en muchos casos, generando situaciones que ponen en riesgo la paz social”, sostuvieron.
“Se requiere de un accionar firme dirigido a corregir muchas de estas decisiones inconstitucionales que han paralizado el abastecimiento de mercaderías esenciales, generando faltantes en los lugares de recepción, o cercenado antijurídicamente el movimiento de personas, llegando incluso a afectar los derechos personalísimos resultantes de las relaciones familiares (conocido como ‘derecho al último adiós’)”, manifestaron.
