El Gobierno pampeano y la empresa estatal Pampetrol salieron este martes a cuestionar duramente a unos puesteros que cortaron la semana pasada el ingreso a yacimientos hidrocarburíferos en la zona de 25 de Mayo: dijeron que fueron maniobras extorsivas y aseguraron que nunca dejaron de pagar servidumbres.
Estos puesteros y sus familias están en esas tierras desde hace décadas. Algunos, desde hace un siglo. Sin embargo, las tierras no están a sus nombres: son fiscales y a nombre del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC).
La semana pasada, cortaron el ingreso a un yacimiento que opera Pampetrol. Dijeron reclamar por el pago de servidumbre.
La Justicia intervino y ordenó desalojar el piquete. Incluso los puesteros fueron detenidos.
El ente, en un comunicado distribuido por la Agencia Pampeana de Noticias, dijo este martes que nunca dejó de pagarle la servidumbre a los puesteros. “El Ente percibe los montos correspondientes por la servidumbre generados en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y distribuye los mismos entre todos los superficiarios autorizados en un claro ejemplo de respeto, solidaridad y convivencia de diferentes actividades productivas sobre el mismo suelo”, aseguró.
“Como es de público conocimiento, en desmedro de esta pacífica convivencia, un pequeño grupo de ocupantes de estas tierras intentaron impedir el normal desenvolvimiento de la actividad hidrocarburífera, pretendiendo obtener beneficios irracionales e ilegales a través de maniobras extorsivas, con total indiferencia a los efectos económicos y ambientales que su actitud representa a toda la comunidad pampeana”, sostuvo. “Desde entonces y sin valerse de la apertura de la empresa a un diálogo conciliador, estos ocupantes continúan con medidas extorsivas para mantener sus reclamos desatendiendo las recomendaciones judiciales recibidas”, agregó.
También Pampetrol salió a sentar posición. “Pampetrol Sapem siempre mantuvo abierto los canales de diálogo y cumplió como estipula la ley con todos los compromisos para una gestión de la actividad hidrocarburífera eficiente”, dijo María de los Ángeles Roveda. “La empresa fue respetuosa y se manejó dentro de los términos legales de la normativa vigente. La Ley Provincial N° 2529 establece que la indemnización debe ser abonada al propietario superficiario, en este caso el Ente Provincial del Río Colorado. En este sentido, es importante que las partes reconozcamos la autoridad legal del Ente y presentar ante él la documentación pertinente”.
“Pampetrol, seguirá actuando conforme a lo que indica la ley, abonando el monto de la servidumbre generado por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, al Ente del Río Colorado y mantendrá los canales de diálogo abiertos para resolver la situación. Asímismo, recurrirá a la justica siempre que sea necesario si una situación provoca daños económicos, materiales y ambientales e impide el normal funcionamiento de la actividad, como en este caso. Dado que al estar impedidos de acceder a los pozos nos vemos imposibilitados de monitorear y garantizar las condiciones de calidad, seguridad e higiene”, concluyó Roveda.
