La Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó un proyecto de ley del senador nacional Daniel Lovera (Frente de Todos – La Pampa) que propone la ampliación de plazos judiciales para reclamar créditos laborales a tres y cinco años, contra los dos que rigen en la actualidad en la Ley de Contrato de Trabajo.
La iniciativa ya tiene dictamen de laComisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. Básicamente, da más tiempo a los empleados para hacer juicios a sus empleadores después de un despido.
“El dictamen sustituye el texto del artículo 256° de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los dos años, y lo reemplaza aumentando los plazos y distinguiendo entre dos tipos de acciones: tres años, para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales o colectivas de trabajo”, dijo en un comunicado la UIA.
Para la entidad, “la iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas, y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo”.
“Este proyecto nos preocupa porque va a aumentar la litigiosidad laboral y es otro elemento más para desalentar la generación de empleo en el sector privado. Lo vienen manejando con mucha discreción porque quieren que aparezca debajo del radar. Es otra de las señales contradictorias al sector privado que envía el Frente de Todos”, dijo la entidad.
El proyecto que alertó a la UIA propone que los reclamos de indemnización por “daños derivados de delitos de lesa humanidad” sean imprescriptibles, aun cuando los mismos hubieran sido perpetrados con anterioridad a la norma presentada en el Congreso Nacional.
“En primer lugar, cabe mencionar que, en la actualidad los plazos en la práctica ya son mayores a los establecidos en la LCT en varias jurisdicciones, habida cuenta de las suspensiones o interrupciones dispuestas. Un ejemplo de ello: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) suspende el cómputo del plazo de prescripción por 6 meses”, se quejó la UIA.
“Por otra parte, la extensión del plazo de prescripción a cinco años impactará negativamente en los balances de las empresas, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas con los eventuales reclamos laborales del personal”, agregaron.
“El proyecto bajo análisis tensiona y contradice la tendencia actual en materia de prescripción, que busca acortar los plazos, ya que se trata de un instituto que busca dar estabilidad a las relaciones jurídicas y humanas. En un mundo de comunicaciones fluidas, instantáneas y virtuales, se vuelve ocioso y contraproducente disponer una extensión de los plazos de prescripción por un plazo de cinco años”, argumentaron los industriales.
“La extensión de los plazos de prescripción resulta desacertada en el proyecto de referencia, no sólo porque perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo, sino porque impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo”, finalizó.