El diputado nacional Martín Berhongaray (Juntos por el Cambio, del radicalismo) dijo este sábado en Radio Textual (FM Sonar) que aún se encuentra analizando el proyecto oficial de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y aseguró que no definió su voto. Sin embargo, sus expresiones generaron expectativas entre los grupos feministas que impulsan el aborto legal.
El legislador dijo que “hay una problemática de salud pública” y que, en su análisis, deja de lado las creencias personales.
Hasta el momento, los diputados por La Pampa tienen esta postura: los peronistas Hernán Pérez Araujo, Melina Delú y Ariel Rauschenberger, a favor; el macrista Martín Maquieyra en contra; y Berhongaray, sin definición.
“Como todos los temas, los vengo analizando con la mayor seriedad”, dijo Berhongaray. “Hay quienes consideran que la decisión se reduce a una cuestión de creencias o posición ideológica y es perfectamente válido y lo respeto. Pero creo que yo debo salir del ámbito de lo que haría, porque claramente no promuevo o promovería el aborto, pero sí entiendo que hay una problemática de salud pública y uno debe analizar si la propuesta del Poder Ejecutivo es el abordaje indicado para empezar a resolverla pero también si esa propuesta se adapta al marco de la legalidad que nos rige. No sé cuántos (legisladores) han analizando todo el ‘bloque de constitucionalidad’, cuántos han revisado los tratados internacionales y cuántos han observado la legislación extranjera para ver cómo lo han abordado desde el término jurídico y qué resultados han obtenido”, manifestó. “Yo sí lo estoy haciendo y en mi caso lo tengo que definir en base a un proyecto que envió el Ejecutivo y no en base a una opinión en abstracto”.
“Todo el bloque de constitucionalidad, a mi juicio, plantea tres escenarios: lo que un país puede hacer, lo que un país quiere hacer y lo que un país está obligado a hacer y si no lo hace esa omisión le genera una condena internacional”, manifestó.
“Ahí, como conclusión gruesa, el sistema de causales -NdeR: por ejemplo, riesgo de vida de la madre y violación- y el sistema de plazos -NdeR: de 14 semanas- es un esquema compatible con el marco de constitucionalidad que tiene Argentina. Por lo menos esa es la conclusión que saco luego de analizar con mucho cuidado el bloque de declaraciones internacionales”, dijo.
De todas maneras, dijo que hay ciertas cuestiones que, a su criterio, son inconstitucionales. “Son muchas las cuestiones particulares a analizar”, dijo.
Cuestionó, en ese marco, que el proyecto oficial no contempla causales en las primeras 14 semanas.
“Veo otra incompatibilidad inconstitucional”, agregó. “Es el tratamiento diferencial que se hace con la minoridad. El proyecto del Ejecutivo le permite a una niña de 13 años que vaya a un médico y le haga un aborto, sola”, dijo.
“Esto sí abre un problema constitucional. Es un error considerar que tiene la madurez para decidir. Esto no lo permite el Código Civil, que exige la asistencia de sus progenitores, y claramente no lo permiten las legislaciones extranjeras, que se invocan para justificar otros aspectos de la ley”, manifestó.
Ayer fue la última jornada de las reuniones informativas en las que expusieron 70 oradores, a favor y en contra de la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.
El miércoles próximo, en tanto, un plenario de comisiones de la Cámara baja emitirá dictamen sobre el proyecto.
Junto con el proyecto de legalización del aborto se tratará el Programa de los 1000 días, también iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca proteger a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los primeros años de la infancia.
