El Gobierno provincial y el resto de los intendentes hicieron silencio. Pero un grupo de los diputados provinciales del peronismo no se quedó calladó y cuestionó el desplazamiento por dos meses de la intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlanne, por parte de Guillermo Farana.
Legisladores provinciales del Frejupa -es decir, del mismo partido de Paturlanne y Farana- presentaron un proyecto de resolución, en el que manifestaron su “preocupación por la irregular situación política institucional” que está atravesando la localidad, donde el Concejo Deliberante suspendió a su intendenta, Marta Paturlanne, elegida por el voto popular en la última elección.
La iniciativa fue redactada por Espartaco Marín, según un comunicado de prensa enviado a Diario Textual. En el texto, expresaron que si bien la Ley N° 1597 Orgánica de Municipalidades establece un procedimiento sancionatorio al intendente, “éste solo sería viable para casos de trasgresiones “graves” y con mayoría especial de los dos tercios. “Son dos requisitos que no se visualizan en los hechos aludidos”, lanzaron.
“No existe antecedente similar en nuestra Provincia de semejante sanción por idénticas razones e incluso peores”, alertaron.
“Con este pronunciamiento no pretende vulnerar las autonomías municipales, pero si expresar enérgicamente el rechazo a cualquier intento de desestabilización de una intendenta elegida democráticamente por el voto popular, sentando además un peligroso antecedente para el resto de los municipios de nuestra Provincia”, dijeron.
La sanción fue aprobada el 18 de noviembre. La dura medida, según Farana y otros concejales, se tomó en los términos del artículo 119 de la Ley 1597 Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento.
El concejo recibió un informe de una comisión investigadora que había conformado y, con esos datos, decidió avanzar con el desplazamiento -por el momento temporario- de la jefa comunal.
Según estableció la comisión, Paturlanne envió informes de la gestión anterior pero no de la suya. “(La intendenta) Tuvo una actitud obstruccionista, reticente y tendiente a obstaculizar el ejercicio de las legítimas atribuciones del Concejo Deliberante en su tarea de control del Poder Ejecutivo”, cuestionó la comisión. Entre otros puntos, la acusaron de que omitió la presentación de los balances, decidió no crear un comité de crisis ante la pandemia, no dio cumplimiento a la mayoría de las ordenanzas sancionadas por el cuerpo deliberativo, no presentó un organigrama municipal y que incluso decidió, en forma unilateral, un aumento de salarios a los funcionarios.
