La Cámara de Diputados de la provincia aprobó la modificación a la ley que creó el Banco de Tierras, con el visto bueno de la mayor parte de la oposición política.
Ahora se cambió el artículo 9º de la Ley 3208 – de creación del Banco Provincial de Tierras. Era inconstitucional, coincidieron peronistas y radicales.
En la redacción anterior, aprobada en 2019, se establecía que el Ipav podía declarar la afectación al dominio público de los bienes inmuebles. Ahora, con el cambio, se impuso que la Legislatura es la que tiene que declarar el dominio público y, posteriormente, habilitar el procedimiento de la Ley 908 de expropiación.
En ese contexto, el radical Marcos Cuelle recordó que hace un año, al sancionarse la norma, habían advertido de ese artículo. “Antes había un piso de inconstitucionalidad, pero con las modificaciones que se realizaron ha sido subsanado. El objetivo de la ley tiende a promover un Banco de Tierras, pero lejos está de combatir la especulación inmobiliaria. Es un proyecto que en un futuro deberíamos atenderlo de manera completa”, advirtió.
Posteriormente dio más detalles, con palos al PJ. “La ley arrastraba desde su génesis un grave error que la volvía inaplicable”, dijo.
“Hace un año, el radicalismo advertía al oficialismo que existían artículos en franca colisión con la Constitución Provincial, sin embargo, se nos acusaba que no terminábamos de ver el fondo, que era injusto que se termine cuestionando por todos lados sin ver el foco de la Ley”, dijo. “No solo que veíamos el fondo (ampliamente compartido) sino que también veíamos las formas, que son tan importantes como el fondo”.
Incluso le dedicó críticas al actual presidente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Jorge Lezcano. “En su rol de diputado, criticaba públicamente a la oposición. Decía jocosamente ‘…Cuando se empieza a poner a la Patria o la Constitución por encima de la cuestión espíritu y conceptos que definen un tema, yo empiezo a mirar a la cortina, a ver que hay” y remataba “En el caso del radicalismo, acompañó con matices y este tipo de medidas son definición políticas. Yo creo que se acompaña o no se acompaña. Los voceros del radicalismo decía ´pero, la compra y/o expropiación de tierras podría traer temas inconstitucionales’”.
“Por lo visto -dijo Cuelle- el proyecto no estaba tan bien analizado y prueba de ellos es, que durante todo el año 2020 la ley no fue operativa, y tuvieron que volver a la Cámara a pedir las modificaciones por las cuales el radicalismo les advertía que se iban a chocar contra la pared”.
“Entendemos el rol en el que nos ha colocado el pueblo, y no es el de ser «anti», es la de generar las herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los pampeanos, fortaleciendo las instituciones de la República, dentro del marco de legalidad que establecen nuestras Constituciones”, sostuvo.
Dijo, igual, que aún faltan cambios. “La reforma propuesta subsana el Artículo 9º de la Ley 3208, pero queda latente en el Artículo 8º, autorizaciones para destinar inmuebles por parte del Poder Ejecutivo al Banco Provincial de Tierras sin la correspondiente autorización de la Cámara de Diputados”, dijo. “Dicho esto, esperamos se genere el próximo año, la oportunidad de analizar esta cuestión; además de repensar el objeto de la Ley, que si bien es el de destinar tierras para implementar los planes de viviendas, lejos está de lidiar con la especulación inmobiliaria, dejando afuera a otros segmentos sociales que no pueden acceder a la tierra para construir la vivienda propia”.
Los terrenos que se incorporarán al Banco de Tierras se obtendrán de operaciones de compra – venta; por tierras que ya tiene el Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (Ipav); por donaciones por particulares o ONG’s; por donaciones de Nación, Provincia o municipios; por expropiaciones; o por acuerdos o compensaciones. El Estado hará casas sociales y también analizan vender parcelas, con financiamiento crediticios, a los vecinos.
