El diputado provincial Espartaco Marín, con el acompañamiento de los diputados Ariel Rojas, Facundo Sola, Leonardo Avendaño y José González, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la extensión del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 67/2020, que congeló las cuotas de los deudores hipotecarios UVA.
El diputado pampeano pidió en la iniciativa una “pronta solución de fondo” de la situación de los deudores, reestructurando los créditos para que el costo económico no recaiga sobre los propios deudores.
“Con el sistema de créditos hipotecarios UVA, el gobierno de Mauricio Macri le prometió a miles de familias que iban a tener la posibilidad de comprar su vivienda, a un costo accesible, y resultó que después de pagar años de cuotas se encuentran con que siguen debiendo un monto que es impagable”, explicó Marín.
En febrero de 2020, Marín se había reunido en Buenos Aires con la exministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa. En ese momento hablaron sobre la problemática de los deudores hipotecarios de los créditos UVA en la provincia de La Pampa y el legislador pampeano le manifestó que se debía llegar a una solución definitiva a nivel nacional.
“Nuestro Gobierno nacional, frente al drama de los deudores hipotecarios UVA, arbitró una serie de medidas para auxiliarlos. Se congelaron las cuotas, se suspendieron las ejecuciones hipotecarias y se habilitó la posibilidad de diferir pagos hacia el final de la vida de los créditos. Pero nunca se implementó una solución de fondo. Y el 31 de enero próximo vence el último congelamiento de las cuotas”, alertó Marín.
El diputado remarcó la necesidad de una reestructuración de estos créditos, para transformarlos en “hipotecas viables”, con “cuotas accesibles”, que permitan a los hipotecados salir del sobreendeudamiento, porque de no brindarse una pronta solución y de no abandonar el sistema UVA de actualización de las cuotas, miles de hipotecados correrán el riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de que las cuotas se tornarán impagables, advirtió.
“La solución de fondo debe ser inmediata. Esto depende de una decisión política, porque los intereses financieros de quienes siempre ganan, aún en los momentos de crisis, no pueden estar por sobre el derecho a la vivienda de los ciudadanos. No deben ser los deudores quienes paguen el costo de esta estafa crediticia del gobierno del expresidente Macri, que transformó lo que era un programa de viviendas populares como el Procrear en un negocio para los bancos”, finalizó Marín.
La problemática de la actualización de cuotas a través de la fórmula UVA también afecta a familias pampeanas. La semana pasada unos 28 vecinos y vecinas del barrio Procrear, de Santa Rosa, le pidieron en una nota al gobernador Sergio Ziliotto que en lo posible intervenga para que no se sigan generando desigualdades con el resto de los adjudicatarios de unidades habitacionales idénticas.
Se trata de familias que recibieron sus departamentos con retraso durante el macrismo y que, a diferencia de los primeros habitantes del barrio, las cuotas mensuales se actualizan por una fórmula basada en la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que había sido implementada en 2016 para los créditos hipotecarios otorgados durante la gestión anterior y que se basaba en la evolución de la inflación.
La diferencia de las cuotas a pagar entre los vecinos es notable: mientras que los atrapados en el UVA deben abonar en febrero entre 30 mil y 40 mil pesos -dependiendo del departamento-, sus vecinos que recibieron las llaves en el Gobierno kirchnerista tienen que abonar unos 12 mil pesos.