La concejala santarroseña Fabiana Castañeira (Comunidad Organizada) salió a respaldar a la intendenta de Santa Isabel Marta Paturlanne (Frejupa) luego de que el concejo deliberante de Santa Isabel aprobara por mayoría un informe de una comisión investigadora que le imputó irregularidades a la jefa comunal.
Castañeira expresó su expresó su “solidaridad y apoyo” a Paturlanne “por la violencia institucional y política que está sufriendo desde que asumió su cargo”.
La concejala sostuvo que “es de público conocimiento todas las maniobras realizadas para lograr desestabilizar su gestión, desconociendo la legitimidad del voto ciudadano por el cual fue elegida”.
“Este tipo de acciones pone obstáculos a la participación de la mujer en política, con todo lo que nos ha costado y nos cuesta mucho poder ser parte en la toma de decisiones de las políticas públicas y llegar a ocupar espacios de poder que solo eran para hombres”, señaló Castañeira.
“Debemos trabajar juntas para seguir derribando las actitudes machistas y de violencia para que podamos participar en política sin tener temor a sufrir cualquier tipo de violencia. Este tipo de acciones pone en riesgo la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género”, agregó.
La imputación a Paturlanne fue aprobada por el viceintendente Guillermo Farana (Frejupa), Cristian Echegaray (Frejupa), Bibiana García (Juntos por el Cambio) y Bernardo Ocejo (Juntos por el Cambio).
En contra lo hicieron Fabricio Domínguez (Frejupa) y María Cabral (Frejupa). En rigor, estos dos ediles presentaron otro informe en el que no encontraron irregularidades.
¿De qué la acusan a Partulanne? De aumentarse su salario y el de sus funcionarios en diciembre de 2019 sin autorización del cuerpo deliberativo; de no presentar a tiempo los balances mensuales y rendiciones de cuentas (NdeR: posteriormente hubo balances que se presentaron); y de no responder pedidos de informes.
También la acusan por no remitir en tiempo y forma al concejo deliberante la cuenta de inversión correspondiente al año 2019 (obligación que venciera en marzo de 2020); de bonificar tasas a sus allegados y de contratar a empleados en forma irregular, entre otros puntos.
Otra acusación tiene que ver con el pago de unos 80 mil pesos a un vecino por alquileres adeudados del lugar donde se estableció la sede partidaria del PJ, unidad básica de campaña, ajenos al municipio.
