Una multitud reclamó en el Centro Judicial de Santa Rosa para que el abogado Julio Pagella (65), condenado recientemente por abusar sexualmente de su nieta en el pueblo de Victorica, vaya preso. Dijeron que la sentencia de la jueza María José Gianinetto es un “fallo misógino, patriarcal y clasista” y reclamaron un registro de violadores.
La jueza, de General Pico, dio por comprobado que el letrado manoseó a su nieta de 6 años, pero no lo mandó a la prisión: lo condenó a la pena de tres años de ejecución condicional porque, entre otros puntos, sostuvo que tenía un “buen concepto” dentro de la comunidad.

Ahora el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) está revisando la sentencia de Gianinetto. El pedido de la madre de la niña y de otros familiares es que la condena se de efectivo cumplimiento.
¿En qué se basó la jueza Gianinetto para no enviarlo a la cárcel? Dijo que los testigos aportados por la defensa han manifestado que es una persona de buen concepto social, involucrado incluso con causas de significación en la sociedad de Victorica, como lo fue colaborar en la creación de la Cámara de Comercio y en la Asociación de Pueblos Originarios, tendiente al reconocimiento y visibilización de sus derechos, detalló la magistrada en su fallo.

Otro atenuante para la jueza fue que el imputado no registra antecedentes condenatorios, que es una persona de trabajo y que “ejerce su profesión de abogado aún al día de hoy, y se encuentra ya jubilado de su labor como profesor”. Asimismo, consideró que con su trabajo colabora económicamente con gran parte de su familia, le da trabajo al padre de la damnificada y se hace cargo de las necesidades de sus nietas y nietos y también responde por su hijo mayor, quien posee una discapacidad intelectual.
“Si bien se trató de un delito continuado, habiendo tenido por probada la ocurrencia de hechos de abuso sexual, debo recordar que se trató de la modalidad de abuso sexual simple (…)”, dijo. “Amén del obvio daño que resulta padecer un hecho como el investigado, lo cierto es que el daño causado no ha representado un grado tal que justifique el pedido de la fiscalía (que solicitó 5 años de prisión)”, argumentó. En ese marco, resaltó las conclusiones de la pericia psicológica efectuada la víctima, donde se hallaron características de “afectación emocional”, pero no “traumas o trastornos”.
La familia de la niña, en tanto, difundió una carta abierta a la comunidad:
Hace unos años, en la intimidad de nuestro seno familiar algo comenzó a no andar bien. El inocente mundo de una niña que pasaba la mayoría del día jugando se vio interrumpido por varias conductas que nos alertaron y llevaron a consultar con profesionales. Esa niña alegre, charlatana y bailarina había cambiado y no sabíamos por qué. Terriblemente, aquello que empezó en la intimidad de una charla desembocó en una denuncia por Abuso Sexual. La niña se expresó como pudo e inmediatamente la acompañamos. En Julio de 2018, los medios locales publicaron que un reconocido abogado del pueblo -su abuelo paterno- fue denunciado por la madre de la niña por abuso sexual. Mucho tiempo pasó. Esperamos durante el 2019, el 2020 y llegamos a marzo y abril de 2021. El tiempo transcurrido fue muy duro y doloroso. Tuvimos que esperar en silencio, respetando los tiempos y procedimientos judiciales.
Como todos sabemos, tomar la decisión de denunciar ante la justicia una situación de abuso sexual no es algo simple. Recibimos comentarios e injurias de todo tipo: se atacó a la madre de la niña, se la acusó de buscar beneficios personales, de ser una mala madre, de influenciar a la niña para que mintiera. Se soportaron calumnias, miradas que a veces fueron acosadoras y otras, indiferentes. Nunca dudamos porque creemos en la palabra de los niñxs, porque ellxs nunca mienten. Todo lo que se realizó fue pura y exclusivamente en pos de defender los derechos de una menor.
La familia en particular, y el pueblo en general, esperó pacientemente confiando en la Justicia porque es ahí donde hay que recurrir cuando se vulneran los derechos de una persona. Lamentablemente, pese a que la Jueza lo condenó culpable, le dio tres años de prisión condicional porque, según esgrimió, posee un buen concepto social, no registra antecedentes condenatorios, ha estado involucrado con causas de significación en la sociedad, colaborando en instituciones intermedias y entidades abocadas a la visibilización de derechos. Muchos interrogantes surgieron en nosotros y en la sociedad, por eso hacemos nuestras las preguntas que aparecieron en el Editorial del Diario La Reforma: ¿Para qué está la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño? ¿Y la obligación de juzgar con perspectiva de género? ¿Y el principio del interés superior del niño como directriz para proteger y garantizar sus derechos? ¿No se supone que la Justicia es justa e imparcial, que se aplica sin privilegios, estereotipos, prejuicios, ni preconceptos? ¿Qué tienen que ver la vida y las circunstancias personales del acusado con el hecho en consideración? ¿Hay una ley distinta según se trate de un individuo que ejerza una u otra profesión? ¿Hay una ley diferencial según el status y el concepto social del acusado?
De un tiempo a esta parte ya no somos los mismos, esta mamá y su niña fueron haciéndose valientes y fuertes día tras día, ya lo eran, pero ahora lo son más. Han andado un largo y penoso camino acompañadas de quienes las queremos y admiramos. Como familia, hemos aprendido que los derechos vulnerados se defienden, las injusticias se denuncian y las contradicciones en un juicio se reclaman. No aceptamos una justicia ciega, patriarcal, misógina y clasista como en este caso.
Estamos dispuestos a seguir adelante con esta lucha de la mano de los que apoyan la causa. Y de algo estamos muy seguros: al silencio no volvemos nunca más.