La jueza federal María Romilda Servini declaró este miércoles en rebeldía al diputado del Parlasur, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón (Cambiemos), ordenó su captura nacional e internacional, dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios.
La magistrada lo dispuso en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Mauricio Macri contra el Grupo Indalo, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encuentra en Uruguay y que no volverá al país para prestar declaración indagatoria.
“Pepín” está prófugo en Uruguay donde busca acceder al status de “refugiado político”, un estado al que no estaría en condiciones de acceder. El hombre que responde a Macri está acusado de presionar y amenazar a empresarios, entre ellos a los accionistas del Grupo Indalo.
Rodríguez Simón presentó ante la cancillería uruguaya su pedido de refugio ante la Comisión de Refugiados (CORE) de la ACNUR con el objetivo de que le concedan asilo. Omitió un requisito fundamental de forma: por la protección a los propios interesados, “la información relativa a la solicitud es considerada confidencial. No puede ser compartida, especialmente con las autoridades del país de origen del solicitante”.
La jugada fue doblemente arriesgada si el argumento de una “persecución” incluía un supuesto riesgo de prisión preventiva. Su defensa, encabezada por el abogado Gustavo de Urquieta jamás presentó un pedido de eximición de prisión ante el juzgado de María Servini.