La Cámara de Diputados aprobó este martes, por mayoría, la declaración de emergencia habitacional en La Pampa.
El objetivo es acelerar los pasos administrativos. Fue aprobada con los votos del Frejupa y del Movimiento Productivo Pampeano, mientras que los bloques de la UCR y Propuesta Federal votaron negativamente.
La sesión se desarrolló con la presidencia de Alicia Mayoral, debido a la ausencia del vicegobernador Mariano Fernández.
El miembro informante del Frejupa, Oscar Zanoli, informó que la iniciativa “tiene como objetivo habilitar los procedimientos administrativos para generar mayor celeridad y paliar la crisis habitacional” de la provincia. “Esta autorización le permitirá al Estado realizar distintas viviendas”, dijo.
Desde el radicalismo, Marcos Cuelle argumentó la decisión de su bloque de no acompañar el proyecto. “No coincidimos en las pretensiones. Lo previsible se quiere maquillar con lo imprevisible. Esto es así, porque si vemos lo que ha ocurrido con el presidente del IPAV del 2015, ya decía que había un déficit. Luego en el 2018 decían que había un déficit de 13 mil viviendas, y ahora (Jorge) Lezcano dice que hay un déficit de 20 mil viviendas. Entonces no es novedad”, dijo.
“El objeto del proyecto –siguió Cuelle- está disociado de las metas, porque se pretende abandonar el Instituto de Licitaciones Públicas. Entonces decir que vamos a acelerar la burocracia eliminando las licitaciones, puede generar que tengamos que pagar un alto costo institucional. Lo que no podemos soslayar es la transparencia”
“Si analizamos lo que decía el miembro informante, ante una demanda por un déficit de 20 mil viviendas, suponiendo que pudiéramos construir mil viviendas por año, esta emergencia la vamos a prorrogar por 20 años. Entonces no le podemos pedir el bloque de la UCR que siga prorrogando una emergencia que es previsible”, advirtió.
“En estas condiciones es difícil alcanzar un consenso porque existe un encorsetamiento del Poder Ejecutivo de creer que la única manera de paliar esto es a trasvés de la contratación directa. Y tienen que haber otras herramientas. Creemos que generar instrumentos que obliguen a abandonar el Instituto de Licitación Pública podría convertirse en un nicho de corrupción”, alertó Cuelle.
