La Fiscalía de Estado de Mendoza, en un dictamen, respaldó y le dio luz verde a la licitación de la represa Portezuelo del Viento.
En el Gobierno cuyano respiran: el fiscal Fernando Simón avaló la legalidad del proceso y no puso frenos, aunque sí hizo varias recomendaciones y pidió que haya más garantías para evitar litigios por posibles frenos a la obra cuando ya se adjudique.
La Pampa se opone a esta obra que se pretende realizar sobre el río Grande -principal tributario del Colorado-. Entre otros puntos, porque podría afectar el caudal y la calidad del agua del río Colorado.
«Considero que el procedimiento licitatorio del ‘Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento’ no resulta ilegal ni manifiestamente irrazonable, no teniendo por tanto esta Fiscalía de Estado motivación suficiente para oponerse a su desarrollo y eventual conclusión, ni atribución para pronunciarse sobre su conveniencia”, determinó el fiscal, según reprodujo MDZol.
En el análisis, sin embargo, advirtió sobre los riesgos legales y ambientales que tiene a futuro el proyecto, pero asegura que no hay certezas como para frenar la licitación. Por eso dejó en manos del gobernador Rodolfo Suarez la decisión política de avanzar o recalcular todo.
Fuera de los detalles técnicos de la licitación, la mención a los riesgos jurídicos a futuro es una de las más importantes: el principal temor de la construcción de Portezuelo del Viento es que la obra se frente por las demandas que puedan presentar La Pampa y otros actores en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en ese caso, los reclamos que podría hacer quienes la construyen. «En caso de decidir avanzar, a fin de evitar que una eventual suspensión de la obra por decisión ajena a la voluntad de la Provincia genere reclamos del contratista, riesgo correctamente señalado por los presentantes, realizaré una serie de recomendaciones para la mejor protección del patrimonio fiscal, las que deberán ser tenidas en cuenta», dijo el fiscal.
Portezuelo es una obra que resiste La Pampa: podría afectar la calidad y cantidad de agua del río Colorado. Es decir, entre otros puntos, podría afectar la provisión de agua potable a casi todos los pampeanos.
Mendoza pretende avanzar con la licitación y adjudicación: sostiene que tiene estudios de impactos ambientales.
Sin embargo, con La Pampa encabezando el reclamo, las otras provincias de la cuenca argumentan que son estudios incompletos y con gruesos errores.