La Cámara de Apelaciones, con la firma de los jueces Guillermo Samuel Salas y Laura Cagliolo, ratificó un fallo de primera instancia que exige a la municipalidad santarroseña de poner micros de piso bajo. Eso no es todo: corre una multa de 2 mil pesos diarios desde el 3 de julio de 2021.
Entre otros puntos, la cámara intimó a la municipalidad de Santa Rosa para que realice las modificaciones necesarias con el fin de que los colectivos de transporte público urbanos cumplan con las especificaciones técnicas que las leyes establecen con el objetivo de garantizar la accesibilidad de personas de movilidad reducida.
Los camaristas dijeron que la mitad de los micros deben tener 0,40 metros de altura entre la calzada y su interior. La mitad restante debe ser cubierto por vehículos de las características del «piso bajo» o «semi bajo», en forma optativa. «Es decir, la norma ya no dice que las características de los vehículos ‘pueden ser’ de piso bajo como señala la Municipalidad de Santa Rosa, sino que ‘deberá ser’, dejando de ser una opción y convirtiéndose en una obligación que debió ser cumplimentada por las empresas de transporte en su totalidad, en el año 2002«, sostuvieron los jueces.
Hay otro punto. Inicialmente la multa de 2 mil pesos diarios por incumplimiento se le habían impuesto a la municipalidad y a la empresa Autobuses. Sin embargo, Autobuses se fue y el servicio quedó en manos del Ente Municipal de Transporte Urbano (Emtu), por lo que los camaristas dijeron ahora que la multa la debe afrontar la intendencia. «Sin lugar a dudas, la resolución ordena tanto a Autobuses Santa Fe -como concesionario- y a la Municipalidad de Santa Rosa -como concedente- a que implementen las medidas pertinentes que garanticen la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y que la multa diaria en caso de incumplimiento, se aplicaría por cada una de las partes incumplidoras; empero ante la realidad de los hechos de mención relativos a la prestación actual del servicio y el paso del tiempo que han dejado transcurrir las propias accionantes, no existe otra opción que aplicar la multa a únicamente a la concedente», escribieron.
Las ONG’s habían presentado medidas cautelares contra la codemandada Autobuses Santa Fe para que no retire de los depósitos los autobuses. Pero los camaristas dijeron que esa solicitud «devino abstracta» por cuanto la Municipalidad rescindió el contrato y adquirió autobuses nuevos.
¿Y la posibilidad de un embargo sobre un inmueble de la comuna? Los camaristas expresaron que «el interés público» comprometido le impedía hacer lugar a lo peticionado por las ONG’s.
El caso lleva siete años. Inicialmente, el 2 de mayo de 2014, ante una demanda de la Asociación Caleuche y otras ONG’s, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nº 5 de Santa Rosa constató la falta de pisos bajos e impuso una multa diaria de 2 mil pesos para la intendencia y Autobuses Santa Fe.
El fallo quedó firme el 7 de diciembre de 2015, luego de declararse inadmisibles los recursos extraordinarios provinciales. Sin embargo, las ONG’s decidieron no solicitar la ejecución de la sentencia, cuando podían hacerlo a los 30 días. Recién se presentaron el 27 de agosto de 2019.
¿Desde cuándo entonces corre la multa? «De acuerdo surge de la resolución firme y consentida, la multa ‘se devengará verificado el incumplimiento’, que según las accionantes se dio a partir de la presentación del escrito de inicio de la ejecución (27.08.19), en tanto que la Municipalidad considera que tuvo lugar el 03.07.21, oportunidad en la que se celebró la audiencia de reconocimiento judicial a fin de constatar acerca del cumplimiento de lo exigido en el pronunciamiento», manifestaron los jueces.
Los camaristas, finalmente, establecieron que es a partir del 3 de julio de 2021. «La multa diaria fijada en la sentencia de Primera Instancia para el caso de incumplimiento, correrá -de así corresponder- desde el 03.07.21, día de la audiencia de reconocimiento judicial», sostuvieron.
El concejal Pablo Pera Ibarguren (Frepam, radicalismo) dijo este sábado que la intendencia a cargo de Luciano di Nápoli (Frejupa, peronismo) perdió una «oportunidad histórica» de poner fin al litigio judicial con las organizaciones de personas con discapacidad que vienen reclamando por micros de piso bajo. Sin embargo, la intendencia compró recientemente 20 micros con piso alto.
«Hace algunos meses la Jueza interviniente constató los colectivos adquiridos por el EMTU (Ente Municipal de Transporte Urbano). En aquel entonces, la Municipalidad de Santa Rosa comunicó públicamente que la Jueza había resuelto que los colectivos cumplían con los requisitos de accesibilidad. Por nuestra parte, señalábamos que claramente la Jueza estableció el incumplimiento de los requisitos de accesibilidad», recordó. «El 19 de noviembre, la Cámara de Apelaciones determinó que la Municipalidad está incumpliendo», lanzó. «Si bien la sentencia no se encuentra firme, los puntos más relevantes son los siguientes: La Municipalidad está incumpliendo con la accesibilidad; la multa por incumplimiento, de corresponder, comienza a correr desde el reconocimiento judicial (03.07.21); los colectivos deben ser piso bajo; y deberán verificarse los 28 colectivos».
«No existe el cumplimiento parcial de la sentencia. Se cumple o no se cumple», finalizó.
