Por Sergio Romano
En el Gobierno de Mendoza siguen vendiendo “humo” con el laudo presidencial por la represa Portezuelo del Viento: el gobernador Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio, radicalismo) está juntando a dirigentes oficialistas y opositores para confirmarles que ha pedido una audiencia con el presidente Alberto Fernández con el fin de que acelere su arbitraje, pero lo cierto es que -pudo confirmar Diario Textual de fuentes oficiales en las últimas horas- continúa sin iniciar el proceso administrativo que establece un laudo.
En diciembre pasado, Suárez y su Gobierno quedaron envueltos en un papelón cuando le solicitaron a Alberto Fernández un “pronto despacho” sobre el laudo por Portezuelo, una megaobra que pretenden realizar sobre el río Grande.
Desde Casa Rosada le contestaron que no podían resolverlo porque nunca solicitaron ese arbitraje: lo que hubo fue solo un anuncio, en 2020, del gobernador cuyano.
Mendoza se niega terminantemente a un estudio integral de la cuenca del río Colorado para establecer el impacto ambiental que acarrearía Portezuelo. Para la provincia cuyana, alcanza con estudios que ya se hicieron, pero que La Pampa tacha de incompletos y con gruesos errores.
Por eso La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, en el ámbito del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), aprobaron en 2020 avanzar con un nuevo estudio de impacto.
¿Aun Mendoza puede iniciar el trámite del laudo? La Pampa considera que no. “En mi opinión, los plazos están vencidos”, dijo Juan Greco, delegado de nuestra provincia en el Coirco, a Diario Textual. “Lo puede pedir, pero que lo acepten o no, es otra cosa. Pero hasta el momento, más allá de lo que anunciaron, no pidieron el laudo. Lo que hay en Mendoza son solo operaciones periodísticas para tratar de sostener la posibilidad de que Portezuelo tenga alguna viabilidad”.
Según establece el estatuto del Coirco, para iniciar el laudo hay un plazo de 60 días, más 30 de prórroga. “En mi opinión, esos plazos están absolutamente vencidos. La reunión donde se votó por el estudio de impacto ambiental fue hace un año y medio…”, insistió Greco.
El funcionario pampeano dijo que el estudio fue pedido por cuatro provincias. “Tratan de instalar que La Pampa es ‘enemiga’ de Mendoza. Acá no hay enemigos: se trata de hacer ese estudio que piden las provincias aguas abajo”, reclamó Greco.
Por lo pronto, el mandatario mendocino en los últimos días pidió una audiencia con el presidente para intentar que en un plazo de unos dos meses arbitre a favor de Mendoza. Pero lo que se niega a revelar es que nunca inició el mecanismo administrativo del laudo.
Puertas adentro, además, Suárez se intenta ubicar como el abanderado del reclamo por la represa. Pretende generar una “causa común” tanto de radicales como de peronistas.
La semana pasada juntó a intendentes y otros dirigentes de su partido, la UCR. Les dijo que la prioridad de su Gobierno es destinar los 1.023 millones de dólares que llegan en cuotas desde Nación para la represa hidroeléctrica proyectada sobre el río Grande.
La represa está a punto de adjudicarse a un conglomerado de empresas. Sin embargo, Suárez quiere tener la luz verde presidencial. Igual ya blanqueó que tiene en carpeta un plan B: destinar el dinero a otras obras.
Este viernes, por lo pronto, tienen cita los peronistas. Incluso participará la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina Fernández que ha pedido avanzar con la adjudicación de la licitación aún sin el resultado del laudo.
La Pampa y las otras tres provincias de la cuenca se resisten a esta obra porque, descuenta, afectará el caudal y la calidad de agua del río Colorado.
Mendoza, más que la generación energética, le interesa Portezuelo para luego intentar avanzar con el trasvase del río Grande al Atuel. Otro proyecto al que La Pampa se opone.