El gobernador mendocino Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio) se reunió este viernes con dirigentes del PJ y anunció que presentará un “nuevo pedido de laudo” al presidente Alberto Fernández para que rechace la realización de un estudio de impacto ambiental integral por la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.
En rigor, faltó a la verdad: no es un nuevo pedido de laudo porque, en realidad, nunca hizo la presentación de un arbitraje como indica la legislación. En 2020, cuando La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires votaron por hacer otro estudio de impacto durante una reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), el mandatario de Mendoza anunció que pediría un arbitraje presidencial, pero nunca activó el mecanismo de resolución de conflictos El estatuto y el reglamento son muy claros al respecto porque fijan un plazo perentorio de 60 días, prorrogables por 30 días más, para instar el procedimiento de resolución de conflictos. Esos plazos ya quedaron absolutamente vencidos, por lo que el pedido de un laudo ahora no puede ser habilitado, según interpretan en La Pampa.
Eso es precisamente lo que, según medios mendocinos, le cuestionó este viernes la senadora Anabel Fernández Sagasti al mandatario cuyano. De todas maneras, la legisladora y los intendentes del peronismo salieron a bancar la estrategia de Suárez.
Por su parte, el ministro de Gobierno de la provincia cuyana, Víctor Ibáñez, sostuvo que el laudo fue “pedido correctamente” en 2020, pero sostuvo que si es necesario volverán a solicitarlo. «El laudo está correctamente pedido pero no descartamos hacer más presentaciones si es necesario. El gobernador dijo que puede presentar un escrito en ese sentido. La oposición dijo que acompañará cualquier actuación», subrayó.
En el encuentro estuvieron el gobernador Rodolfo Suarez; el vicegobernador Mario Abed; el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; los diputados Adolfo Bermejo, Marisa Uceda, Liliana Paponet; y los intendentes Fernando Ubieta (La Paz), Roberto Righi (Lavalle), Matías Stevanato (Maipú), Martín Aveiro (Tunuyán) y Flor Destéfanis (Santa Rosa).
Posteriormente Suárez se expresó por las redes sociales. «Ante la falta de respuesta del anterior pedido de laudo, en la reunión con los representantes del PJ resolvimos presentar uno nuevo y comprometieron su acompañamiento. Es necesario que el presidente laude a favor de Portezuelo de Viento para darle seguridad jurídica a la obra«, manifestó Suarez en su cuenta de Twitter.
«Es muy importante que los intendentes y legisladores del PJ hayan asistido a mi convocatoria para que, juntos, impulsemos la realización de Portezuelo del Viento. Para los mendocinos es trascendente que la dirigencia política construya en base al diálogo genuino y sincero», dijo. «Estamos dispuestos a realizar todo lo necesario para la concreción de Portezuelo. Nuestra provincia nos exige alinearnos y traccionar para concretar no solo este tipo de obras, sino también atraer inversores para aumentar el empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos», concluyó.
El papelón
En diciembre pasado, Suárez y su Gobierno quedaron envueltos en un papelón cuando le solicitaron a Alberto Fernández un “pronto despacho” sobre «el laudo» por Portezuelo.
Desde Casa Rosada le contestaron que no podían resolverlo porque nunca solicitaron ese arbitraje.
Mendoza se niega terminantemente a un estudio integral de la cuenca del río Colorado para establecer el impacto ambiental que acarrearía Portezuelo. Para la provincia cuyana, alcanza con estudios que ya se hicieron, pero que La Pampa tacha de incompletos y con gruesos errores.
Por eso La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, en el ámbito del Coirco, aprobaron en 2020 avanzar con un nuevo estudio de impacto.
Plazos vencidos, según La Pampa
¿Aun Mendoza puede iniciar el trámite del laudo? La Pampa considera que no. “En mi opinión, los plazos están vencidos”, dijo hace unos días Juan Greco, delegado de nuestra provincia en el Coirco, a Diario Textual.
Según establece el estatuto del Coirco, para iniciar el laudo hay un plazo de 60 días, más 30 de prórroga. “En mi opinión, esos plazos están absolutamente vencidos. La reunión donde se votó por el estudio de impacto ambiental fue hace un año y medio…”, insistió Greco.
La obra
La represa se pretende construir sobre el río Grande, principal tributario del Colorado. Alcanzará los 185 metros de altura, lo que la llevará a ser una de las más grandes del planeta.
Asimismo, una vez finalizada la construcción, aumentará la superficie de riego para producción agrícola y ganadera, y creará un nuevo polo turístico.
Está a punto de adjudicarse a un conglomerado de empresas. Sin embargo, Suárez pretende la luz verde presidencial. Igual ya blanqueó que tiene en carpeta un plan B: destinar el dinero a otras obras.
La Pampa y las otras tres provincias de la cuenca se resisten a esta obra porque, descuentan, afectará el caudal y la calidad de agua del río Colorado. Además, consideran que con los actuales registros hídricos nunca podrán llenar la represa.
Mendoza, más que la generación energética, le interesa Portezuelo para luego intentar avanzar con el trasvase del río Grande al Atuel. Otro proyecto al que La Pampa se opone.