El diputado nacional por La Pampa Martín Berhongaray (UCR) presentó un proyecto que propone modificar la ley 26.509 de Sistema nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios. “Los beneficios y herramientas de políticas públicas previstos por el actual marco legal no alcanzan para dar efectiva respuesta a varias situaciones, como sequías, inundaciones, incendios, heladas, granizo, erupción de volcán, etc.”, fundamentó el legislador.
El proyecto propone simplificar los requisitos para acceder a los beneficios impositivos previstos en la ley, “corrigiendo una dinámica que resulta sumamente engorrosa y que termina en muchos casos en discrecionalidades”.
Impulsa una redefinición del alcance de ciertos beneficios (por ejemplo prórrogas por pago de impuestos nacionales, eximición del impuesto sobre los bienes personales, suspensión de los juicios de ejecución fiscal, entre otros) dado lo impreciso, en términos productivos, de muchas de las expresiones empleadas por la actual redacción.
Sugiere la implementación de un certificado de crédito fiscal a cuenta de impuestos nacionales por las adquisiciones o transacciones que el productor agropecuario declarado en situación de emergencia o desastre realice sobre bienes de uso destinados a restituir, recomponer o reparar infraestructura dañada total o parcialmente como consecuencia directa de los factores determinantes del estado de emergencia o desastre agropecuario.
También plantea una actualización y elevación a $8.500 millones el monto mínimo que el presupuesto nacional asigna anualmente al Fondo de Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA). “El nuevo monto propuesto surge de considerar como parámetro de ajuste al monto vigente desde la sanción de la ley (agosto 2009) hasta la fecha, la variación que registra el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)”, explicó.
El legislador sostuvo que los $500 millones previstos al momento de la sanción de la ley (20 de agosto de 2009), tanto sea por los costos incrementales de recomposición de bienes de capital productivo e infraestructura afectados, como por el progresivo aumento en cantidad e intensidad de los efectos devastadores de las situaciones de emergencias y catástrofes agropecuarias “no permiten la atención integral de las crisis agropecuarias y obligan a reconocer una adecuación de los recursos presupuestarios genuinos a prever anualmente por el sistema”, aseguró.
Por último, Berhongaray propuso extender en el tiempo el alcance del concepto de las ventas forzosas que deben realizar muchos de los productores afectados por la emergencia o desastre agropecuario e incluir en la exención de los impuestos nacionales a las operaciones forzosas de arrendamiento de predio rural o de pastoreo de ganado que el contribuyente realice durante el estado de emergencia o desastre agropecuario y hasta 6 mese después de su finalización.
