El gobierno de Sergio Ziliotto tomó ayer la decisión histórica de reparar los legajos de las personas que trabajaban para la administración pública y fueron exonerados por razones políticas y gremiales. El decreto alcanzó a las 531 nombres.
¿Quiénes fueron los prescindidos? Un análisis del listado oficial indica que el 69% (366 casos) eran agentes de la Provincia, el 24,5% (130 casos) de organismos nacionales; y 6,5% (35 casos) de municipalidades. El 75,7% fueron varones (402 casos) y el 24,3% mujeres (129 casos).
De los 388 casos en los que consigna una fecha cierta de exoneración, el grueso fue cesanteado en el año 1976. Representaron el 43,8% (170 casos) y los del año 1977 treparon al 27,8% (108 casos) y los de 1978 a 8,7% (34 casos). Anteriores a 1976 hubo 14 casos reconocidos y los de 1979 fueron 19, los de 1980 23, los de 1981 9 y los de 1982 6.
“Muchos trabajadores del Estado -indica El Informe 14 de Norberto Asquini y Juan C. Pumilla– fueron cesanteados por las jerarquías militares, una vez asumido el gobierno de facto, y en primer término figuraron dirigentes y delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de los judiciales (ADEJ). El Ente Provincial del Río Colorado fue desmantelado y sus empleados quedaron afuera. También hubo cesantías entre las filas municipales. Fueron muchos los que, por causas políticas o no, vivieron la angustia de quedarse sin trabajo en la administración pública, al aplicárseles el decreto de prescindibilidad y transformarse en un paria social”.
En la provincia, por decreto ley 717 del 14 de abril del ’76, se adhirió a la ley de prescindibilidad nacional y se autorizó al gobierno local y a los funcionarios, a dar de baja personal hasta el 31 de diciembre de ese año “por razones de servicio”.
“Esto dio luz verde a las cesantías en la administración pública para construir una estructura administrativa disciplinada a partir del temor a perder el trabajo”, sostienen Asquini y Pumilla.
¿Qué áreas fueron las más que más agentes fueron echados? El Ente Provincial del Río Colorado sufrió la pérdida de 84 agentes, siendo el organismo con más cantidad de exonerados. Docentes y personal de Educación, sobre todo de escuelas rurales, fueron 46. Personal de Salud fueron 26 y también los de la Policía. Entre los Municipios, el de Santa Rosa fue el que tuvo más prescindidos con 18 casos.
En el listado figuran 34 personas que sufrieron secuestros y en varios casos torturas por parte de la patota de la Subzona 1.4 como el exministro Santiago Covella o Mireya Regazzoli, docente e hija del gobernador.
Allí figuran varias personalidades vinculadas a la cultura y la tarea docente: el escritor Edgar Morisoli (Administración Provincial del Agua), la escritora y docente Ana María Lassalle (Escuela Normal), el escritor Walter Cazenave (APA y UNLPam), la escritora Muruma Lucero (Normal), el docente Julio Colombato (Normal), el músico Julio Domínguez (Escuela 314), el músico e investigador Rubén Evangelista (Dirección de Cultura), la docente y escritora Nilda Redondo (Educación), la escritora María Alejandra Naunchuk (Asuntos Municipales) y el comisario Timoteo Trouilh, que en 1984 haría el sumario administrativo que investigaría las violaciones a los derechos humanos de los represores en la provincia.