Los cinco policías de La Pampa condenados por el delito de sedición, cometido en diciembre de 2013 con la toma de comisarías en reclamo de mejoras laborales y salariales, fueron liberados en las últimas horas por orden de la Justicia.
Se trata de Fernando Alberto Rolhaiser, Guillermo Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Carlos Daniel Mendibe y Diego Hernán López.
Habían sido sentenciados a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un tiempo doble del de la condena.
En agosto de 2021 habían sido detenidos, luego de quedar firme la sentencia, y alojados en la comisaría de Lonquimay.
Ahora fueron liberados en forma condicional al cumplir 8 meses en prisión, tener buena conducta y no poseer antecedentes penales, confirmaron fuentes con acceso al caso a Diario Textual. De hecho, uno de los que comandó la revuelta, Julián Giménez, mostró en la mañana de este miércoles una foto en el patio de su casa.
Deben cumplir determinadas reglas de conducta, hasta que se cumplan los 3 años.
Los cinco fueron condenados por haber encabezado la toma de la Jefatura de la Policía y de comisarías en diciembre de 2013.
Inicialmente se pretendió juzgar a 14 policías. Finalmente fueron condenados cinco de ellos.
El origen de la toma de la Jefatura, de comisarías y otras dependencias fue un pedido de aumento salarial y mejoras laborales.
En total presentaron un petitorio con doce puntos. Parte de esos reclamos, como las mejoras salariales, finalmente les fueron otorgados por el Gobierno de Oscar Jorge a todos los policías. Por eso, son respetados por gran parte de la fuerza policial.
También solicitaron poner fin a las normas que rigen a la Policía y que vienen de la última dictadura militar. Un reclamo que aún está pendiente: se está tratando en Diputados un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
“El reclamo -dicen otros oficiales aún dentro de la fuerza- era legítimo, aunque repudiamos las formas: tomaron comisarías a la fuerza, golpeando a compañeros o superiores, y hasta cortaron la línea de comunicación de la población 101”
Según dijeron los jueces santarroseños, en su momento, el 11 de diciembre de 2013, a las 23, el sargento ayudante Mendibe, los cabos primero Rolhaiser, Giménez y Bruno, y el agente López, “todos empleados policiales cumpliendo funciones en la Policía de La Pampa, ingresaron –junto a otros funcionarios policiales uniformados y de civil, los que portaban armas de fuego–, en forma violenta y con ejercicio de la fuerza, al interior de la Jefatura de Policía (…), haciéndose del mando de la misma, lo que permitió el poder de disposición libre de sus instalaciones y de las dependencias que allí funcionaban; como así también de la oficina del CECOM (contigua a Jefatura), donde funcionaba el 101 (llamados de emergencia)”.
“Allí obligaron a los operadores a no atender los llamados, levantando el teléfono y cortando, interrumpiendo de esta manera su normal funcionamiento (…) Además expulsaron, sacándolos por la fuerza, por medios violentos a los comisarios Eloy Rodríguez y Francisco Icuza que, en esos momentos se encontraban a cargo de la Jefatura y del Cecom, respectivamente; situación ésta que duró hasta el jueves 12 inclusive”, agregaron en el fallo de primera instancia que fue convalidado en todas las instancias.
“Estos hechos violentos llevados a cabo y descriptos, tuvieron como única finalidad exigirle al Poder Ejecutivo Provincial el cumplimiento inmediato de doce peticiones que por escrito le habían hecho llegar el mismo día 11 en horario nocturno, y al no recibir la respuesta en forma inmediata que pretendían, se sucedieron los hechos referidos. La situación descripta finalizó en la noche del día 12 al conceder el entonces gobernador un aumento salarial”, expresaron en su momento los jueces.