El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño accedió a los datos biométricos de 7 millones de personas de manera irregular en lo que parece ser un nuevo escándalo de afectación a la privacidad y vigilancia masiva. Entre quienes fueron observados por la cartera de la que depende la Policía de la Ciudad están el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
La información surge de una investigación que llevó adelante el juez porteño Roberto Andrés Gallardo después de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentara un amparo contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde abril de 2019, publicó Página/12.
El SNRP fue introducido por una resolución –y después aprobado en la Legislatura porteña– supuestamente con un objetivo: ayudar a detectar a quienes eran buscados por la Justicia. Por eso, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia nacional para tener acceso a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). La base en cuestión no supera las 50 mil personas.
Sin embargo, el juez Gallardo detectó que, como parte de este sistema, la Ciudad también selló un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y desde allí se hicieron casi 10 millones de consultas –un número infinitamente superior al de las personas requeridas por los tribunales–. Concretamente, el organismo que depende del Ministerio del Interior le informó al juzgado que la Ciudad hizo entre abril de 2019 y marzo de 2022 un total de 9.900.282 extracciones de información desde su base.
Lo curioso es que la Ciudad buscó información del Presidente, de CFK, de Carlotto o de Bonafini. También hurgó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni –uno de los escogidos por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar por las protestas callejeras–, Juan Grabois o la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman.
También hubo búsquedas de gente de la Justicia como Gabriela Boquin –la fiscal que denunció el acuerdo ruinoso al que el gobierno de Macri quería llegar por la deuda del Correo Argentino–, la exprocuradora Alejandra Gils Carbó –convertida en un blanco por el macrismo para forzar su renuncia–, el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni o el actual supremo Carlos Rosenkrantz. También buscaron datos de la jueza Inés Weinberg, la candidata de Macri para la Procuración, o del empresario Alejandro Bulgheroni. No estuvo ajena la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las rivales del jefe de gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio o la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de buen diálogo con Larreta.
“No resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o con pedido de captura”, escribió Gallardo, que suspendió la aplicación del SNRP.
Por el momento, el mecanismo que describió Gallardo sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan sensible que todos los jueces de Comodoro Py se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.