El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de La Pampa salió al cruce de un grupo de abogados que reclamó la conformación del Ministerio Público de la Defensa -para separarlo de las fiscalías- y que advirtió por sentencias “endebles” y “direccionadas”, sin la suficiente argumentación, contra acusados por violencia de género.
El colegio dio a conocer un documento, firmado por su titular Laura Torres. Es el siguiente:
“El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de La Pampa se ve en la obligación de expresar a la opinión pública su honda preocupación frente a las opiniones vertidas por un grupo de abogados del foro penal que, a la par de plantear la necesidad de crear un «Ministerio Público de la Defensa» a fin de lograr una «equivalencia con la estructura con la que sí cuentan los fiscales al momento de llevar adelante su investigación», efectúan severas críticas y hasta descalifican la actuación de jueces provinciales al momento de decidir en casos de violencia de género.
Consideramos particularmente agraviante que se ponga en duda la necesaria imparcialidad y objetividad de quienes diariamente juzgan conforme a las constancias obrantes en la causa, a pruebas aportadas pertinentes y lícitas, de acuerdo al derecho aplicable y con estricto respeto de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y bajo la directriz convencional de fallar con «perspectiva de género» a través de sentencias razonablemente fundadas.
Entendemos que no es particularizando los casos públicamente como se refuerzan las instituciones, sino criticando de modo razonadamente concreto en cada uno de los expedientes en que se consideren vulnerados las garantías constitucionales en juego de los imputados, a través de los recursos pertinentes y fundados que el sistema procesal penal prevé a tales fines.
Rechazamos de plano toda injerencia fuera de los mecanismos institucionales que menoscaben el sistema y debiliten la fuerza de las decisiones judiciales, en tanto la crítica ligera produce inseguridad, desconfianza y desestabiliza el sistema jurídico instaurado al que todos debemos defender en pos de la paz social e institucional.
Instamos por ello a los abogados a colaborar utilizando medios adecuados en la defensa de los derechos de sus clientes y a confiar en la tarea de varones y mujeres que diariamente trabajan en pos de un mejor y más eficiente servicio de justicia.
Coincidimos sí, en la necesidad de impulsar el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa, a través de la equiparación salarial con jueces y fiscales, como así también en dotar de mayores recursos humanos y equipos técnicos apropiados para el mejor desempeño de tan loable función”.