La presidenta del Tribunal de Cuentas, María Alejandra Mac Allister, dijo este viernes en la Legislatura que el organismo “no hace el control final” sobre Pampetrol y sostuvo que “es uno más dentro de los controles que tiene la Sapem”. Y remarcó: “Si hubiésemos visto algo en la rendición de cuentas, hubiésemos decidido alguna observación y en su caso una sanción”.
De esta manera, Mac Allister se despegó del escándalo que desataron las declaraciones del ministro de Hacienda Ernesto Franco en las que reveló que en 2017 hicieron una maniobra que consistió en inventar un gasto, el pago de un alquiler de Pampetrol a la Provincia por las áreas petroleras, para achicar la base imponible del impuesto a las Ganancias y, por ende, reducir el monto de lo que se termine por pagar.
La funcionaria aseveró que se controlaron todos los contratos de alquiler y los ingresos de los pagos por esos alquileres. Y afirmó que la documentación está disponible en el organismo.
“Si hubiésemos visto algo en la rendición de cuentas, hubiésemos decidido alguna observación y en su caso una sanción”, dijo.
Mac Allister concurrió este viernes a la comisión de Hacienda y Presupuesto acompañada por los vocales José Carlos Moslares y Francisco García. No quiso hacer declaraciones antes de ingresar cuando fue abordada por la prensa. También asistieron los síndicos de Pampetrol, Martín Matzkin, Juan Carlos García y Simón Barreto.
Explicó pormenorizadamente la competencia del Tribunal de Cuentas en los controles. Y aclaró que el organismo “no tiene el control final, sino que es “un control más” de los controles que tiene la Sapem.
“Cada uno se hará responsable de lo que hizo o no hizo”, dijo, y explicó que “cuando se hace un control hay que tener en cuenta las competencias que tiene y que no tiene”.
“El control del Tribunal de Cuentas sobre Pampetrol, con dictamen de auditoría, es un control contributivo, no represivo”, aclaró. “No es el último, es uno más”, insistió y afirmó que el organismo “está en una mejora continua y tal vez ésta sea una oportunidad de mejora”.
“Si cada uno ejerce el control en su ámbito las políticas públicas llegan a destino. Acá estamos todos”, sostuvo, y agregó que “lo que hay que discutir es el tipo de auditoria que queremos hacer en la Sapem”.
En tanto, el síndico de Pampetrol, Juan Carlos García, admitió que es “sumamente complejo” el sistema de información de los balances de la Sapem. “Es japonés”, graficó y reconoció que es una tarea pendiente “buscar la manera de hacer llegar la información a la Cámara de Diputados”.
Desde la oposición, pìdieron la cabeza de Franco. Martín Ardohain (PRO) reclamó “que el ministro venga pronto ( a la Legislatura) y nos traiga la renuncia para terminar con este mano de sospecha”; en tanto que Marcos Cuelle (UCR) pidió “poner blanco sobre negro” para que no queden “todos salpicados”.
El presidente de la comisión, Roberto Robledo (Frejupa) salió al cruce: “Hay cosas que no van a suceder, en todo caso la renuncia se le presenta al goberandor”, dijo.
Las declaraciones del ministro de Hacienda que desataron el escándalo son de diciembre de 2021, pero recién trascendieron días atrás a través de un video que se viralizó.
En las últimas horas hubo dos presentaciones de juicio político en su contra para que sea desplazado de su cargo: uno del bloque de la UCR y otra del exdiputado radical Juan Carlos Passo. Pero, tal como anticipó Diario Textual, sería rechazado “in límine”.
Es que la Sala Acusadora de Juicio Político está dominada por el frente que comanda el peronismo el Frejupa: cuatro oficialista contra dos de la oposición. Se trata de César Montes de Oca, Martín Balsa, Alicia Moyoral y Juan Brindesi y de Eduardo Pepa y Francisco Torroba.
Las causales de juicio político en La Pampa, según el artículo 110 de la Constitución provincial, son las siguientes: incapacidad física o mental sobreviniente; la comisión de un delito en el desempeño de sus funciones; la falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos o por delitos comunes, a efectos de que se promueva acusación.
En Casa de Gobierno sostienen que el mecanismo que reveló Franco fue votado por todos los diputados, tanto oficialistas y opositores. Es decir, se trató de un esquema contractual -que luego tuvo derivaciones tributarias- entre Provincia y Pampetrol, en el que Franco no definió prácticamente nada. Esos alquileres tuvieron luz verde, por unanimidad, por las leyes 2995 y 3201, con el voto de oficialistas y opositores.
El ministro en su descargo público, en tanto, dijo que las suyas fueron “expresiones desafortunadas” y juró que nunca a lo largo de su trayectoria pública avaló y/o incurrió en ninguna acción ilegal.