Por mayoría, los diputados de la Sala Acusadora de Juicio Político rechazaron “in límine” el pedido opositor de juicio político al ministro de Hacienda, Ernesto Franco, quien había dicho que se había inventado el pago de un alquiler de Pampetrol al Gobierno provincial para pagar menos impuestos. Los cuatro legisladores oficialistas o “filoficialistas” consideraron que no hay causales para echarlo de su cargo: es que, entre otros puntos, no hubo delito. Los dos opositores, por su parte, manifestaron que se debía avanzar con el juicio.
El dato se filtró este sábado a Diario Textual. La votación se desarrolló ayer, pero se estaba esperando la notificación -como indica la ley- al gobernador Sergio Ziliotto, al vice Mariano Fernández, al acusado Franco y a los acusadores (la UCR y el militante radical Juan Carlos Passo): por eso la demora en dar a conocer el resultado.
La Sala Acusadora de Juicio Político está dominada por el frente que comanda el peronismo el Frejupa: cuatro oficialista contra dos de la oposición. Se trata de César Montes de Oca, Martín Balsa, Alicia Moyoral y Juan Brindesi, quienes votaron por rechazar el juicio, y de Eduardo Pepa y Francisco Torroba, que levantaron sus manos por avanzar.
Las causales de juicio político en La Pampa, según el artículo 110 de la Constitución provincial, son las siguientes: la incapacidad física o mental sobreviniente; la comisión de un delito en el desempeño de sus funciones; y la falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos o por delitos comunes, a efectos de que se promueva acusación. Ninguno de ellos está configurado para Franco, dijeron los legisladores oficialistas.
Este sábado el presidente del bloque del Frejupa, Julio González, dijo a Radio Textual (LU 33) que, en la reunión de esta semana, el gobernador Sergio Ziliotto les pidió que no le suelten la mano a Franco.
Franco reveló que hace unos cinco años hicieron una maniobra que consistió en inventar un gasto, el pago de un alquiler de Pampetrol a la Provincia por las áreas petroleras, para achicar la base imponible del impuesto a las Ganancias y, por ende, reducir el monto de lo que se termine por pagar.
Lo cierto es que esos contratos de alquiler fueron aprobados, por unanimidad, por los legisladores oficialistas y opositores -entre ellos de la UCR y el PRO-. Incluso todo eso fue controlado por el Tribunal de Cuentas, a cargo de la dirigente macrista María Alejandra Mac Allister: ayer la funcionaria dijo, ante los legisladores, que no hubo delito.
Las declaraciones del ministro de Hacienda que desataron el escándalo son de diciembre de 2021, pero recién trascendieron días atrás a través de un video que se viralizó.
En las últimas horas hubo dos presentaciones de juicio político en su contra para que sea desplazado de su cargo: uno del bloque de la UCR y otra del exdiputado radical Juan Carlos Passo.
