El gobernador Sergio Ziliotto agradeció este miércoles a las provincias patagónicas por acompañar el reclamo de La Pampa en contra de la represa Portezuelo del Viento. Lo hizo en su discurso de apertura del Parlamento Patagónico, que se desarrolla en Santa Rosa.
“No puedo olvidar, en un momento trascendental para La Pampa, reconocer a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, acompañar solidariamente los legítimos reclamos de nuestra provincia en defensa de los recursos hídricos. Se los agradezco, no como gobernador, si no en nombre de todos y todas las pampeanas”, manifestó.
“Nuestros objetivos requieren de unidad y grandeza. No admiten mezquindades políticas y mucho menos grietas innecesarias que dificulten propósitos comunes”, dijo.
“Los que abrazamos la política como herramienta para lograr el bien común, debemos desterrar la confrontación estéril. Militemos los acuerdos y consensos que necesita la sociedad, sin exclusiones ni sectarismos”, sostuvo.
Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció desde General Pico que laudará a favor del pedido de La Pampa y de las otras tres provincias de la cuenca del río Colorado. Es decir, para que se haga un estudio integral del impacto ambiental por la represa Portezuelo. Esa medida, de hecho, significa el fin de la iniciativa mendocina.
Mendoza se había negado terminantemente a ese paso. Para la provincia cuyana, alcanzaban con estudios que ya se hicieron, pero que La Pampa tachaba de incompletos y con gruesos errores. Por eso La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, en el ámbito del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), aprobaron el 26 de junio de 2020 avanzar con un nuevo estudio de impacto.
Mendoza, en ese momento, anunció que iba a pedir un laudo del presidente para rechazar el inicio de ese estudio de impacto. Sin embargo, demoró casi dos años en iniciar el mecanismo del laudo: recién lo hizo este año. Ahora Fernández anunció que rechazará los argumentos mendocinos.
Con esta decisión presidencial, Mendoza ya empezará a activar el plan B. Es que esos estudios demorarán dos años y, posiblemente, sean adversos para los intereses mendocinos.
Ahora, la intención del Ejecutivo mendocino es que se liberen los fondos y poder administrar los 1.023 millones de dólares de manera más diversa: para obras hídricas o que “estén relacionadas” con el desarrollo hídrico de manera indirecta.