En el contexto del duro revés que sufrió por el laudo que benefició a La Pampa, el Gobierno de Mendoza hizo una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: actualizó los montos que pretende cobrar, como un “resarcimiento”, por las regalías que cobra La Pampa por el complejo Los Nihuiles.
En un primer momento, en 2018, la demanda a la Nación por las regalías mal liquidadas desde el año 1973 (gobierno de facto de Agustín Lanusse) fue por $35.737 millones; mientras que ahora ese número pasó a $67.338 millones a diciembre del 2021, según informó a Los Andes el fiscal de Estado, Fernando Simón.
“En dólares, la demanda actualizada representa unos U$S 553 millones (con un valor oficial del dólar a $121), es decir, la mitad de lo que recibirá Mendoza en total por los perjuicios de la prórroga por decreto de la Promoción Industrial en los ‘90 (U$S 1.023 millones)”, de acuerdo a Los Andes.
Es necesario destacar que la discusión central es que Mendoza sostiene que ha sido perjudicada desde 1973 con el reparto en partes iguales de las regalías generadas por el Complejo Los Nihuiles a La Pampa.
Mendoza quiere quedarse con todas las regalías porque es la que tiene la “fuente”, es decir, donde se encuentra el salto de agua y se genera la energía.
La Pampa, sin embargo, sostiene que la Ley Nacional de Energía 15.336 terminó por abandonar la teoría del “salto o caída” de agua como fuente hidroeléctrica, beneficiando en adelante a muchas provincias condóminas y que no cuentan con las centrales de energía en sus territorios.
En su momento, lo ha explicado también el diputado nacional por el radicalismo Martín Berhongaray. “Las usinas de los Nihuiles se encuentran emplazadas en las aguas represadas del río Atuel que reviste carácter interprovincial y que pertenecen en parte a la provincia de La Pampa, conforme lo declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1987. De nada importa que ‘el salto’ se ubique en territorio de la provincia de Mendoza. El agua que atraviesa a más de una provincia determina su derecho a percibir regalías hidroeléctricas”, ha argumentado.