La comisión de Transportes de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley consensuado entre los principales bloques, que propone declarar la emergencia en el transporte público de pasajeros de las provincias y aumentar los subsidios a 59.500 millones de pesos.
Para llegar al recinto, la iniciativa debe ser analizada ahora por la comisión de Presupuesto que preside el oficialista Carlos Heller.
En una breve reunión, producto del acuerdo alcanzado previamente, los diputados de las principales bancadas acordaron un texto en común, que recibió algunas observaciones por parte del diputado del Interbloque Federal y exministro de Transporte Florencio Randazzo, en lo referente al alcance de la emergencia.
El texto fija «la emergencia del transporte urbano e interurbano del interior del país y del urbano e interurbano de jurisdicción nacional e internacional«.
Establece «modificar la Ley de Presupuesto 2021, reconducido por decreto; prorroga el fondo de compensación al transporte del interior hasta diciembre de 2022» y «faculta al Jefe de Gabinete a disponer los ajustes necesarios para su cumplimiento«.
El fondo determinado es de 59.500 millones de pesos y las empresas beneficiarias deberán aplicar para su percepción el sistema SUBE, se aclaró. Además, «las provincias y municipios deberán seguir realizando un aporte proporcional buscando la sustentabilidad del sistema».
Durante el debate, el presidente de la comisión, Jorge Rizzotti (UCR), detalló: “La emergencia es hasta el 31 de diciembre» y agregó: «Entiendo que vamos a trabajar en la comisión con todos los proyectos presentados en un proyecto definitivo de redistribución del subsidio del transporte del interior de pasajeros y las condiciones que tiene que tener la misma».
«Puede ser o no necesaria la declaración de la emergencia, pero si también entendiendo que este aumento que se hizo en función el proyecto de presupuesto, el monto que ponemos lo hacemos afecto de la emergencia de la situación que tiene hoy el transporte interurbano del país«, añadió.
El legislador jujeño sostuvo: «Los que venimos del interior queríamos más de 59 mil millones, es probable que tengamos que exigirle al Ejecutivo hacerse cargo de algún tipo de tributo y por eso la exigencia de la implementación de la SUBE y evitar mayores inconvenientes que ya tenemos» y dijo que «en la declaración de emergencia estamos dando esa herramienta».
Por el oficialismo, el correntino Jorge Romero (FdT) pidió detallar en el dictamen que se trata del transporte urbano y suburbano hasta 60 kilómetros, porque si no va a influir en la cantidad de móviles que tiene registrados la CNRT, y ese aumento podría generar un problema.
Su compañero de bloque, José Luis Gioja, solicitó que se precisara que la emergencia sea hasta el 31 de diciembre de 2022 y que luego se contemple el tema en la elaboración de la nueva ley de Presupuesto.
Por su parte, Randazzo dijo: «No se trata de un corte en una autopista como el de esta mañana. Hay protestas en casi todas las provincias de la Argentina por la falta de gasoil que afecta a la producción y al transporte de pasajeros» y afirmó: «Eso tiene una sola explicación: un Gobierno que improvisa permanentemente«.
En tanto, su compañero en el interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez agregó: «El año pasado se cambió caprichosamente el corte en los biocombustibles, perjudicando a varias provincias del complejo oleaginoso y limitando la producción de gasoil» y sostuvo: «Hoy toda la Argentina productiva está pagando las consecuencias de ese error del Gobierno nacional».
Los diputados del interior, sin distinción de bancadas, decidieron poner el tema en agenda al advertir que en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de 24 hasta 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.
De hecho, en su informe ante el Senado, el 2 de junio pasado, el jefe de Gabinete nacional, Juan Manzur, aseguró que el Gobierno nacional insistirá con la idea de traspasar 32 líneas de colectivos a la ciudad de Buenos Aires.
