El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, se metió de lleno en la polémica sobre la «tercerización» de la asistencia social a través de planes sociales y afirmó que en su municipio, donde 334 personas perciben la asistencia estatal, propondrá que cumplan 20 horas semanales de trabajo en sus barrios, por lo que se les dará un plus mensual, que aportará el tesoro municipal, y una cobertura de salud a través de la obra social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA).
En el punteo de la iniciativa, al que tuvo acceso Página/12, la intendencia de Pehaujó calculó que en los últimos dos años hubo «un incremento exponencial de beneficiarios de programas sociales» en la que el promedio de edad, de acuerdo al documento, es de 32 años. Sobre el extra que incluye el proyecto, no se aclara cuál es el monto, aunque en declaraciones Zurro planteó que sería alrededor de 4 mil pesos más por mes.
«Tienen que trabajar 20 horas en su barrio, en carpinterías, arreglar una calesita, cortar el pasto«, ejemplificó Zurro, sobre la contraprestación que deberán realizar quienes se sumen al plan municipal.
El intendente, quien más temprano se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández en su despacho del Senado, confirmó que la idea fue presentada ante el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
En la iniciativa se destaca que el Municipio estará a cargo de la asignación de tareas y capacitaciones y del control de asistencias, altas y bajas del convenio. En tanto, Pehuajó también afrontará los costos de la afiliación a la obra social de IOMA.
La idea del intendente no es crear «mano de obra municipal», aunque queda aclarar cómo será el pase de esas personas al sector privado en una segunda instancia.
Entre los argumentos con los que las organizaciones sociales salieron a defender el sistema de planes sociales está el debate de fondo sobre si existen posibilidades reales que el mercado laboral incorpore con empleo formal a las millones de personas excluidas. Hasta abril pasado, según cifras oficiales, el Potenciar Trabajo asistía a 1,2 millones de personas -contempladas como empleadas en las estadísticas oficiales- con una asistencia económica por las tareas que realizan en la economía informal o para que continúen sus estudios. El 57 por ciento de los beneficiarios se encuentran en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
El plan Potenciar Trabajo fue puesto en marcha por el Gobierno a mediados de 2020 con el objetivo de «contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa».
El programa unificó a quienes integran las cooperativas de la economía popular -nucleadas a las organizaciones sociales cuestionadas por la vicepresidenta- y quienes participan del plan «Hacemos Futuro», lanzanda durante el macrismo y que exigía como contraprestación el cursado de un taller de capacitación.
En su lanzamiento se habló de una inversión de 20 mil millones de pesos para compra de maquinaria y herramientas que sirvieran para fortalecer o poner en marcha puestos de trabajo. Tras el cambio de conducción en el Ministerio de Desarrollo Social, el actual ministro Juan Zabaleta advirtió que no se darían «más altas a planes sociales» y ratificó el programa como una manera de generar trabajo.
