La dirigencia de Juntos por el Cambio en La Pampa brindó un fuerte respaldo a los fiscales que pidieron las penas contra Cristina Kichner y otros 12 acusados en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Rosa.
Daniel Kroneberger, senador nacional, celebró el pedido de condena. “Sin dudas, la corrupción atenta contra la democracia, y contra el presente y el futuro de los argentinos; principalmente, de quienes hoy están sufriendo las consecuencias de los desaciertos de un gobierno sin rumbo. El país avanza sin impunidad y sin corrupción”, dijo.
También lo hizo el diputado nacional Martín Maquieyra. “Será Justicia. Hoy el fiscal Diego Luciani pidió una pena de 12 años de prisión para CFK en el juicio por la causa Vialidad. La vicepresidenta está acusada por corrupción en la obra pública por un monto de 926 millones de dólares”, tuiteó. “Es hora de que se haga justicia. Los argentinos necesitamos que se tomen las cartas en el asunto, más pruebas no puede haber. Hicimos la investigación y con 926.000.000 de dólares se podrían haber construido o 22 mil viviendas, o 90 hospitales, o 1.100 escuelas, o ampliar 8 veces el acueducto del Río Colorado o repavimentar 3 veces todas las rutas pampeanas. Pero no, seguimos con falta de obras en nuestro país y con una persona corrupta como vicepresidenta”, sentenció Maquieyra.
En tanto, el Consejo Provincial del Partido Justicialista se reunió en la tarde de este lunes y respaldó, con un documento, a la vicepresidenta. “El caso del proceso judicial a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es una muestra clara de animosidad parcializada, que no hace más que confirmar la urgente necesidad de una profunda reforma de la justicia federal”, dijeron.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron hoy la pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a “instituciones de bien público”.
En tanto, la dirigente afirmó esta noche de lunes que fue puesta “ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial” porque el tribunal de la causa por la obra pública le negó ampliar su declaración indagatoria este martes. “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones”, sostuvo la expresidenta en Twitter.