El Gobierno de Mendoza, a cargo de Rodolfo Suárez, comenzó a trazar el cambio de destino de los U$S 1.023 millones que han sido reservados hasta el momento para la tan controvertida represa Portezuelo del Viento. Anoche se venció el plazo administrativo y el presidente Alberto Fernández no dio a conocer oficialmente el laudo. Pero, como ya anunció en General Pico, autorizará un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca.
Por lo pronto, hoy Suárez adelantó que no insistirá con Portezuelo y que los mil millones de dólares se destinarán a otras obras. “He decidido avanzar y buscar alternativas que agilicen la disposición de los recursos, para la realización de otra obra hidroeléctrica mientras se resuelve Portezuelo, y así generar un impacto positivo en la economía, que incentiven el desarrollo y el empleo local”, expresó el mandatario cuyano.
Entre las nuevas opciones, hay una por la que La Pampa también pone objeciones: se trata de la represa El Baqueano, proyecto de U$S 500 millones ubicado en San Rafael, sobre el río Diamante.
Se descuenta que el Gobierno de Sergio Ziliotto también reclamará un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca por El Baqueano: es que el Diamante desemboca en el Desaguadero-Salado-Chadileuvú -Curacó. Eventualmente está la opción judicial si Mendoza no acepta hacer un estudio de impacto.
Sin embargo, también se estudia la posibilidad de avanzar en otros proyectos como Los Blancos. Está ubicado sobre el Tunuyán, de la cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú -Curacó. Otra represa que La Pampa intentará frenar.
El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, expresó este martes a radio Mitre Mendoza que frente a un escenario de “desidia y no decisión del Gobierno Nacional”, fue que Suárez “viene trabajando en distintos proyectos posibles para avanzar sobre alguno de ellos y comenzar a generar el movimiento de la economía”. En ese marco, expresó, el más avanzado es El Baqueano.
El laudo por Portezuelo había sido solicitado por Mendoza luego de que los gobernadores de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, en el ámbito del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), aprobaron el 26 de junio de 2020 avanzar con un nuevo estudio de impacto ambiental en toda la cuenca.
Mendoza se negó terminantemente y sostuvo que alcanzaba con los estudios que ya se hicieron. Pero para el Gobierno pampeano, esos estudios eran incompletos y contenían gruesos errores.
Fue allí cuando el Gobierno mendocino anunció que iba a pedir un laudo del presidente para rechazar el inicio de ese estudio de impacto. Demoró casi dos años en iniciar el mecanismo del laudo. Anoche, finalmente, se vencieron los plazos y el presidente no se expidió sobre la obra.
La intención de Mendoza era hacer una represa sobre el río Grande con la falsa excusa de la generación de energía para facilitar en un futuro el verdadero objetivo de la obra: el trasvase del río Grande, afluente del Colorado, al Atuel.
