El Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió emitir dictamen de mayoría, con el respaldo de bloques provinciales, sobre el proyecto de Presupuesto 2023, con el fin de que pueda ser tratado en una sesión a realizarse el 25 de octubre. El diputado nacional Hernán Pérez Araujo (FdeT) dijo que, gracias a trabajo en conjunto con el Gobierno de Sergio Ziliotto, se incorporaron “más obras” para nuestra provincia e incluso lograron incluir un artículo por el que facultarán al jefe de Gabinete de la Nación, Sergio Massa, a pagar el juicio que ya ganó La Pampa por el descuento indebido del 1,9% de la coparticipación para financiar a la Afip.
Este es el artículo incluido: “Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros, a disponer las acciones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones de liquidación de la condena judicial firme a favor de la provincia de La Pampa, conforme a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: ‘La Pampa, provincia c/ Estado nacional (Poder Ejecutivo Ministerio de Economía de la Nación) s/acción de inconstitucionalidad- CSJ 933/2007 (43-L)/CS1’, a través de acuerdos de pago y/o compensaciones y su correspondiente previsión presupuestaria”.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda emitimos dictamen de mayoría para el #Presupuesto2023. Fruto del trabajo en equipo con el @GobiernoLaPampa se ha incluido👇🏻
🚧 Más obras para La Pampa
📃Facultamos al Jefe de Gabinete a pagarnos juicio por coparticipación.
👇🏻 pic.twitter.com/rN7hHWD3Jj— Hernán Pérez Araujo (@hperezaraujo) October 20, 2022
Este juicio, en rigor, ya fue ganado por La Pampa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgó en 2018 un plazo de 120 días para que la administración de Mauricio Macri y el Gobierno de Carlos Verna se pusieran de acuerdo en la modalidad de pago (forma y plazos) de la deuda (capital de 2.145 millones de pesos e intereses) por la retención indebida. Pero no hubo acuerdo por los intereses y el plazo. Así La Pampa volvió a la Corte, quien es la que deberá fijar el monto.
En aquel fallo, el máximo tribunal hizo lugar a una demanda presentada por La Pampa y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, inc. a y 4 del Decreto 1399/01, por lo que ordenó al Estado Nacional a pagarle “las sumas retenidas en virtud de dicha normativa en concepto de coparticipación federal”.
