Luego de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que exige al Poder Ejecutivo nacional que entregue más fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a los diputados nacionales macristas Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, presentará una denuncia penal contra el Gobierno y contra 18 mandatarios provinciales por el delito de sedición y traición a la Patria. Los apuntados son el presidente Alberto Fernández y 18 mandatarios provinciales, entre ellos el pampeano Sergio Ziliotto, que, en un documento, dijeron que la decisión de los jueces era impracticable.
En la denuncia, los firmantes se hacen eco de lo resuelto por el máximo tribunal en su fallo, y al respecto sostiene que “no implica, de ninguna manera, detraer fondos de coparticipación de las provincias”.
“No pueden desconocer los denunciados, por las funciones que ejercen, que los montos en cuestión no fueron nunca destinados por la ley a las provincias en general, pues se trata de porcentajes de coparticipación correspondientes al Gobierno Federal y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignados a las funciones de seguridad y cuya transferencia se efectuó por convenio, como perfectamente explica la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvieron.
“No es cierto que el fallo sea de cumplimiento imposible, porque solo se trata de la reasignación del destino de los fondos en cuestión, que, reiteramos, hacen a la coparticipación federal y no a otras asignaciones presupuestarias”, dijeron.
“Está claro entonces que el documento emitido por el Poder Ejecutivo Nacional solamente indica el modo de justificar y encubrir la decisión tomada de no cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uso de su competencia originaria y exclusiva”, concluyeron Bullrich, Iglesias y Ajmechet. “Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional”, aseguraron.
El conflicto se dio luego de que el expresidente Mauricio Macri dispuso, en enero de 2016, aumentar los recursos federales que recibía el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por coparticipación del 1,4% al 3,75%, para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje bajó luego al 3,5%.
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández, con la quinta de Olivos rodeada por policías bonaerenses que se alzaron para reclamar un aumento de sueldo, firmó el decreto 735/2020 para quitarle parte de esos fondos a la Ciudad y dárselos a la provincia de Buenos Aires. Más tarde, ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que aumentaba la quita, dejando la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable). Ahora, la Corte le está restituyendo un 0,63% hasta tanto se defina la cuestión de fondo.
Ni bien se conoció el fallo, el Gobierno nacional y un grupo de gobernadores, entre los que estuvo el pampeano Sergio Ziliotto, acordaron no acatarlo. El argumento jurídico que utilizan en Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. Específicamente en el artículo 9, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.