La Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno de La Pampa relevó a 20 trabajadores que estaban identificadas con ropa y mochilas de una de las empresas, dedicadas al rubro de reparto a domicilio, y ninguno de ellos estaba contratado de manera formal.
El organismo realizó este operativo como lo hizo en marzo y agosto del año pasado, pero en esta ocasión fue en vísperas del fin de año, en horas del mediodía y de la noche.
En todos los casos las horas de trabajo superaron las ocho diarias y trabajaban la mayoría de ellos 6 o los 7 días de la semana.
El incumplimiento a la normativa laboral afecta todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector: falta de obra social, no gozan del pago de aguinaldo, licencias, aportes a la seguridad social, acceso a un crédito, vacaciones pagas, etc, detalló la Secretaría de Trabajo.
“La implementación y expansión del modelo de negocios de las plataformas impone nuevas formas de organizar y gestionar el trabajo. La era digital impacta también en las dinámicas de acción de organización colectiva del personal”, remarcó el organismo.
Y agregó: “Más allá que los trabajadores y trabajadoras tienen cierta libertad de elegir, por ejemplo las jornadas y horarios, no están en condiciones de pautar el valor de costo y cómo se calcula lo que perciben por envío, quién le paga, si recibe premios o estímulos y además existen consecuencias por no tomar pedidos asignados ya que puede ser desconectado su usuario sin previa notificación”.
Por otro lado, la falta de cobertura obligatoria por accidentes de trabajo, agrega un riesgo adicional al peligro que representa el uso de una motocicleta y la inseguridad de trabajar en la vía pública, sostuvo la Secretaría de Trabajo.
Esta cuestión, de dependientes o cuentapropistas, se abordó incluso desde la Organización Internacional del Trabajo, concluyendo que hay varios indicadores de relación de dependencia entre las partes, por lo que estaría faltando para el reconocimiento de ese status, además de la registración, cuestiones como el derecho a defensa frente a sanciones, o a sindicalizarse y mantener negociaciones colectivas.
