Trabajadores y trabajadoras sociales autoconvocadas/os y matriculadas/os en el Consejo de Asistentes Sociales de La Pampa denunciaron públicamente la “compleja situación” que atraviesan respecto a la “forma de accionar” de la actual comisión directiva hacia algunas inquietudes planteadas por los matriculados en los últimos meses del 2022.
A través de un comunicado contaron que a partir del reclamo y movilización de trabajadores monotributistas, que se desempeñaban previo a la pandemia en Salud Pública, por no haber sido considerados para el pase a planta permanente anunciado por el Gobierno provincial durante ese año, y habiendo colegas de Trabajo Social en dicho conflicto, es que durante los últimos meses del 2022 se suscitaron una serie de reclamos hacia la comisión directiva del Consejo de Asistentes Sociales de La Pampa.
“El grupo de profesionales autoconvocados/os, solicitamos la intervención del Consejo, ante la contratación laboral de precarización que se continúan dando en nuestra provincia, en los ámbitos municipales y/o provinciales, como así también en el largo conflicto de la Dirección de Género del Municipio de Santa Rosa por condiciones laborales”, puntualizaron.
“Este pedido se ha reiterado en gestiones anteriores, obteniendo como respuesta, que el CPAS no interfiere en cuestiones de índole gremial, argumento que sostiene la actual conducción”, indicaron.
Citaron que la actual Ley N° 1269, de desempeño profesional, en su Artículo 3°, inciso C menciona: “Representar a sus miembros ante las autoridades públicas y entidades o asociaciones privadas; asumir su defensa profesional y adoptar las medidas necesarias para asegurar un correcto y eficaz desempeño profesional”.
“La jerarquización de la profesión, una de las principales funciones del CPAS, tiene que ver no solo con la formación académica, la supervisión, sino también se relaciona con las condiciones materiales de las/os trabajadores sociales, mayoritariamente en relación de dependencia. Hablamos de salarios y condiciones laborales dignas, en detrimento de la actual vulneración de derechos como trabajadoras/es estatales”, dijeron los y las autoconvocadas.
Revelaron que la Subsecretaria de Trabajo solicitó por nota a las direcciones de los diferentes hospitales de La Pampa, nombres y apellidos de los trabajadores de salud que participaron en las movilizaciones y reclamos, vinculados al pedido de pase a la Ley 1279 (Carrera Sanitaria), situación que se consideró “persecutoria y amenazante”.
“Esta última acción, fue una de la razones por las que el conflicto se acentúa respecto a la disconformidad con las autoridades de la comisión directiva y los TS autoconvocados/os. Una de las razones centrales, es que la actual presidenta del Consejo, Cintia Zalabardo, es también funcionaria del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, desarrollando su tarea en una de las áreas afectadas dentro de este reclamo. Además, el vínculo familiar entre la presidenta y el actual Subsecretario de Trabajo de la Provincia, obtura una postura genuina y de protección hacia las/os trabajadores sociales que se desempeñan laboralmente en situación de precarización laboral”, denunció el grupo de autoconvocados.
“Su relación directa con la toma de decisiones desde el poder político en él, estimamos que no ha mostrado ningún tipo de compromiso o gestión para visibilizar los derechos cercenados en las contrataciones laborales entre el gobierno provincial y/o municipal”, aseguraron.
Según dijeron, los desacuerdos con el Consejo de Asistentes Sociales se fueron acumulando, por cuanto desde el grupo de profesionales autoconvocados le pidió una posición pública de apoyo a los monotributistas de Salud Pública. La respuesta del Consejo fue una reunión a través de la plataforma virtual zoom el 01/12/22, citando a involucrados vía correo electrónico y especificando que habría un abogado de “mediador”
“En dicha reunión y lejos de lo esperado, las autoridades del Consejo se manejaron en forma arbitraria, utilizaron estrategias de censura de la palabra, cortando el audio en más de una oportunidad y administraron y establecieron el temario y los tiempos de diálogo. Cabe destacar que apenas comenzada la la reunión los participantes advertimos que estaba siendo grabada sin siquiera consultarnos”, comentaron.
En esa reunión, siempre según los autoconvocados, Zalabardo decidió informar que por razones de incompatibilidad entre su presidencia del Consejo y ser además funcionaria del Ministerio de Salud, había tomado licencia como presidenta del CPAS, sin poder especificar los plazos exactos en los que haría uso de dicha licencia. Esta información sorprendió a los presentes y no fue difundida a los colegiados por vía formal, ni a través del mail institucional.
Zalabardo se retiró de la reunión y en ese mismo momento continuó la hasta entonces secretaria, Soledad Martínez (quien pasaría a ser la presidenta interina según lo informado verbalmente en reunión). En conjunto con el abogado del Consejo dieron por finalizada la misma abruptamente.
“Dada la falta de información clara y transparente hacia los matriculados, el autoritarismo detentado por parte de la presidenta Cintia Zalabardo y la ocupación de dos cargos jerárquicos incompatibles éticamente, es que se instó al Comité de Ética para que intervenga; y también para que pueda clarificar otras acciones donde no se ha obtenido respuesta”, plantearon.
“Se espera de dicha intervención que se evalúen las funciones de la presidenta y demás integrantes de la comisión directiva, basadas en el interés general del grupo de profesionales auto convocados. También, se le solicitan informes detallados sobre las acciones del Consejo a lo largo del año ya que las mismas no han sido informadas al conjunto de profesionales interesadas e interesados en poder saber qué es lo que se decide por el conjunto de las/os T.S. Todo esto enmarcado dentro de la ley Nª 1269 que regula nuestra ejercicio profesional dentro de la provincia”, reclamaron.
“Frente a tanta incertidumbre, a la falta de respuestas y acciones dilatorias de parte del Consejo Directivo ante los diversos reclamos; es que nos vemos en la necesidad no solo de seguir insistiendo hacia dentro de la institución que reglamenta la profesión y regula nuestras matrículas, aceptando todos los formalismos que de su parte requieren; sino que también consideramos indispensable que toda esta situación tome estado público; para que demás colegas se interioricen de lo acontecido y también, para transmitir a la sociedad pampeana la preocupante fragilidad institucional que nuestro colectivo se encuentra atravesando”, finalizó el comunicado de los autoconvocados.
