El ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, dijo este sábado que “es necesaria” una nueva Ley de Coparticipación para “acordar nuevas reglas” que eviten “tergiversaciones” y se puedan distribuir en forma más “equitativamente” los recursos coparticipables a las casi 80 intendencias y comisiones de fomento. “No va a ser fácil. Necesitamos el consenso de los municipios”, expresó en Radio Textual (LU 33).
El anuncio de este nuevo proyecto lo hizo el 1° de marzo, frente a diputados, el gobernador Sergio Ziliotto. Dos iniciativas similares, impulsadas por Franco, ya fracasaron. Ahora van por el tercer intento.
En Casa de Gobierno reconocen que la nueva Ley de Coparticipación intenta poner un freno a una maniobra de determinados intendentes: crean empresas municipales para, así, ingresar esos montos de ventas como “recaudación” y obtener mejores índices de coparticipación.
El nuevo proyecto -aun no presentado- contempla otro mecanismo de distribución y la novedad de dos fondos de garantías. También establece más plazos para controlarse entre las intendencias.
El último proyecto -que, en rigor, no llegó a tratarse en Diputados- ponía un techo a los ingresos no tributarios, es decir, los vinculados con las empresas municipales y no con la percepción de las tasas. Ahora la intención es presentar un proyecto similar, pero con un extra: se incorporarán dos fondos de garantía que morigeren los aumentos o disminuciones bruscas en los índices de coparticipación. En ese marco, el Poder Ejecutivo destinará recursos extraordinarios para fortalecer esos fondos. “La intención es suavizar los indicadores. Se intentará garantizar que ni tanto la subida ni la bajada se va a sentir tanto de un año para otro. La diferencia la solventaría el Gobierno provincial”, expresó Franco.
“Hoy existe un mecanismo, que está vigente desde 1988, donde hay muy poco tiempo para controlarse entre municipios y, además, ha venido avanzando (por parte de las intendencias) una situación puntual de prestación de servicios que debe desarrollar, en una situación de mercado normal, la actividad privada”, dijo el ministro.
Las estaciones de servicio a cargo de las intendencias son las que generan más “tergiversaciones” en la distribución de los ingresos, sostuvo. “En el caso de ventas de combustibles, son ingresos de magnitud. Son incorporados como ingresos propios del municipio y así se juntan con tasas de contribución de mejoras y otros tributos que la Ley de Coparticipación, en un 40 por ciento, distribuye entre los municipios para premiar a los que más recaudan. Lo que ocurre es que estos volúmenes de venta de combustible o prestación de otros servicios, han hecho que se tergiversen mucho los indicadores”, insistió.
Los más beneficiados son los pueblos más chicos que tienen esas empresas privadas. Y las mas afectadas son Santa Rosa, General Pico y otras municipalidades grandes.
El ministro le apuntó a las intendencias que, sin necesidad real, han avanzado con municipalizar determinadas prestaciones. “En lugares donde no existe esa necesidad de prestar estos servicios, (las municipalidades o comisiones de fomento) lo prestan incluso con servicios deficitarios pero que, en muchos casos, son compensados (por fondos) con la Ley de Coparticipación”, explicó.
El ministro aclaró que “no” tiene un “pensamiento privatista” y resaltó que hay comunas que sí o sí deben hacerse cargo de servicios que, en un “mercado normal”, debería desarrollar un privado.
“Yo sé que hay lugares donde el mercado no desarrolla muchas actividades. Por ejemplo, está el caso de Metileo, que se justifica: puso una panadería porque a los privados, por la cantidad de población, no le daban los números. En Santa Isabel también pusieron una estación de servicio porque al privado no le convenía. En ese caso, el objetivo primario es prestar un servicio que el privado no brinda. Pero lo cierto es que con un ingreso mayor por coparticipación, se empezó a generar una ola estatista de algún municipio, con el objetivo único de tener mayor coparticipación”, finalizó.
