Un Tribunal de Entre Ríos condenó este lunes a 14 años y seis meses de prisión a Ángel Fabián Constantino, intendente de la localidad entrerriana de Gilbert, al hallarlo culpable de abuso sexual contra tres empleadas municipales, pero permanecerá con prisión domiciliaria en esa ciudad hasta que la condena quede firme.
Los jueces Arturo Dumón, Alicia Vivian y Mauricio Derudi lo encontraron culpable por tres hechos de «abuso sexual simple y con acceso carnal, y abuso sexual con acceso carnal en la tercera denuncia reiterados, en concurso real».
Constantino salió esposado de los Tribunales de Gualeguaychú y fue trasladado en un patrullero hasta su domicilio, en Gilbert (a unos 75 kilómetros), donde permanecerá con custodia policial hasta que se le coloque una tobillera electrónica.
Constantino es el intendente en uso de licencia de Gilbert, una localidad de no más de 1.500 habitantes.
A Constantino, además, se le prohibió la salida del país, debe entregar su pasaporte en los próximos días, y tiene una caución de 2 millones de pesos.
El jefe comunal llegó a juicio con prisión domiciliaria por numerosas denuncias que detallaban que no cumplió las medidas de no poder acercarse, ni tener contacto con las víctimas, sus domicilios o lugares de frecuencia, ni familiares, allegados, ni testigos del juicio.
Mientras avanzaba la investigación en su contra y pesaban sobre él las medidas restrictivas, Constantino se acercó a unas de las víctimas en varias oportunidades, por lo que permaneció 24 horas detenido el 26 de agosto de 2021.
También se mantiene en licencia con goce de sueldo, que tomó luego de que el gobernador Gustavo Bordet enviara a la Legislatura un pedido de intervención, y el rechazo del Partido Justicialista (PJ) y múltiples organismos y asociaciones.
«Llegar a juicio, ser escuchadas y que se respeten nuestros derechos ya es una sensación de justicia, pero aspiramos a que se entienda lo que se siente vivir eso», comentó a la prensa María Luján Aguirre, una de las denunciantes, el día de inicio del proceso judicial.
Tras el análisis de numerosas pruebas y archivos, y de cerca de 80 testimonios, entre los de las víctimas, peritos, testigos de las situaciones y psicólogos, el Tribunal comprobó que se cometieron múltiples abusos al menos entre 2018 y junio del 2021.
Gilbert, una localidad de no más de 1.500 habitantes ubicada a unos 75 kilómetros de Gualeguaychú, en el sudeste de Entre Ríos, es un pueblo «chico, con pocas fuentes de trabajo», remarcó a Télam la fiscal Cedrés, y al ser el intendente, «existió ese miedo» a declarar.
«Hay otras personas mayores de edad pero no quisieron radicar (la denuncia) porque es un pueblo, muchos se conocen y hay un miedo subjetivo de un juicio de valor, pero toda víctima tiene su tiempo subjetivo», explicó.
Además, la fiscal precisó que el funcionario también realizó actos de exhibicionismo durante su mandato, aunque no se pueden iniciar causas judiciales por esto ya que no está tipificado en el Código Penal como delito.
«Lamentablemente no llega a ser ni delito de exhibición obscena, ni abuso sexual», explicó, aunque fue tenido en cuenta como testimonio.
Todo eso, consideró Cedrés, «da un panorama de su forma de manejarse con las mujeres: con conductas sexuales sucesivas, intimidación y acoso, porque cuando ha tenido la oportunidad con sus compañeras, sabemos que las ha tocado».
Finalmente, este lunes el Tribunal decidió dar lugar a los pedidos de la Fiscalía, a cargo de Cedrés y Lisandro Beherán, y de la querella representada por el abogado Juan Ignacio Weimberg, y condenó al intendente a 14 años y seis meses de prisión efectiva.
«Cumplimos el trabajo, hay que animarse a denunciar porque además de ser sanador para la víctima, también previene hechos futuros», destacó la fiscal hoy a Télam, y remarcó que continúa la labor «porque es un caso de muchos, y todos merecen la misma respuesta».
Si bien fue condenado, el intendente permanecerá con prisión domiciliaria en el mismo pueblo donde ocurrieron los abusos hasta que la sentencia quede firme; en tanto que se espera que desde el Municipio se proceda a su destitución.
Por su lado, los abogados defensores Fabián Otarán, Mario Arcusín y Micaela Baptista, confirmaron que apelarán la sentencia frente a la Cámara de Casación de Concordia, ya que «es injusta y él es inocente».
