Una de las primeras cosas que hizo la dictadura militar horas después de derrocar al gobierno de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 fue prohibir cualquier actividad política y sindical. El denominado Proceso sirvió para disciplinar los reclamos gremiales y a los sectores combativos del sindicalismo.
En La Pampa, uno de esos ejemplos, a pequeña escala de lo que ocurrió a nivel nacional, sucedió en la Cooperativa Popular de Electricidad. La CPE sufrió también con la puesta en marcha de la dictadura militar.
En este caso, el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, Oscar Montes de Oca, fue encarcelado y se le abrió una causa por su actividad sindical, promovida por un gerente de la entidad que lo veía como una amenaza.
Lo ocurrido con Montes de Oca se dio algunos días después del golpe. El dirigente había sido asesor del gobierno democrático de José Regazzoli desde 1973, por el sector gremial. En la interna peronista entre el mandatario y el ala sindical desatada en 1975, Montes de Oca tuvo que alejarse del cargo. El 9 de octubre de ese año, viajaba a Capital Federal junto a dos diputados y un sindicalista para reunirse con la dirigencia nacional, cuando el auto volcó en la ruta nacional 5 cerca de Carlos Casares. Fallecieron los legisladores Fermín Contreras (del gremio de fideeros) y Néstor Izaguirre (de Luz y Fuerza) y el gremialista Antonio Fernández, secretario general de los camioneros. Quedarían con vida Montes de Oca y el chofer. El trágico hecho conmocionó a la provincia.
Montes de Oca sufrió heridas de gravedad, que después lo aquejaron toda su vida, por lo que tuvo que ser trasladado a Capital Federal donde fue internado hasta febrero de 1976. En marzo, retomó las tareas, aunque con fuertes dolencias.
Pero lo peor vendría días después. El 24 de marzo se producía el golpe y Montes de Oca retomaba a su lugar de trabajo en la CPE. Por esos días, cuatro empleados que formaba una cuadrilla que trabajaba en las redes, fueron convocados por el gerente Horacio González para hacer tareas fuera de su horario. Los empleados consideraron que no era su trabajo y Montes de Oca les recomendó que hicieran un descargo. Era el 30 de marzo, mala época para consejos.
Toda la historia surge de la causa judicial que se le abrió posteriormente a Montes de Oca en el Juzgado Federal, y que lleva el número de expediente 157/76.
Poco después, los cuatro fueron convocados por separado por el gerente González, que les pidió que firmaran un descargo, y en la misma hoja se afirmaba que la decisión de no trabajar la habían tomado por pedido de Montes de Oca. Los cuatro indicarían después en la causa que González los amenazó que si no firmaban “se iban a quedar sin trabajo”.
González con las notas fue a la Policía y denunció al sindicalista porque “desarrollaba actividad gremial dentro del local de la Administración de la Cooperativa”. El 1 de abril Montes de Oca fue arrestado y por orden del jefe del Ejército Luis Enrique Baraldini fue puesto a disposición de la Subzona 14. Estaría preso en la Seccional Primera durante nueve días, sufrió golpes y en la celda de la comisaría sus dolencias producto del accidente se acrecentaron.
El gerente y los cuatro empleados fueron citados por la Policía. González ratificó la denuncia contra el sindicalista por su actividad, los cuatro empleados indicaron que no se habían reunido con Montes de Oca, que solo les había dado un consejo y que habían sido coaccionados.
La causa fue “blanqueada” por la policía recién el día 9 cuando llegó al Juzgado Federal. La denuncia podría encuadrarse en cualquiera de las normativas del denominado Proceso: el decreto nacional 9/76 del 29 de marzo por el cual se suspendía toda actividad gremial; la Ley Nacional 20840 de seguridad interna o “contra actos subversivos”: o la Ley Nacional 21.261 del 26 de marzo del 76 que establecía la suspensión del derecho de huelga y toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo que pudiera afectar la producción.
Recién el día 10 de abril, Montes de Oca fue liberado. Posteriormente el Juzgado Federal se declaró incompetente porque salvo por la “ley antisubversiva”, por las otras normativas no podía abrir una causa judicial. Montes de Oca volvió a trabajar a la CPE.
Fueron varios los casos de sindicalistas perseguidos, como Miguel Maldonado del combativo gremio de los municipales, secuestrado el 24 de marzo y que pasó en la cárcel meses siendo trasladado a la prisión de máxima seguridad de Trelew.
Otro caso de persecución a una manifestación sindical en La Pampa se produjo el 5 de julio de 1976, cuando varios empleados municipales del Matadero de Santa Rosa decidieron no trabajar más que las horas estipuladas en el convenio. Uno de ellos, Jesús Rodríguez, habría asegurado que “ni los milicos lo iban a hacer trabajar”. Tras la denuncia del intendente, capitán Luis César Aramburu, ante la justicia por violar la ley antisubversiva, el empleado fue detenido durante un mes y medio y liberado tras asegurar que no se había negado a cumplir con su labor.