El Club Atlético Santa Rosa recibió el apoyo de 15 clubes de barrio y deportivos para avanzar en un proyecto común: la construcción de canchas de uso comunitario en una porción de las 33 hectáreas sobre la ruta nacional 5 que el Albo reclama que le sean restituidas. “Queremos recuperar el predio para cumplir este sueño. Para eso pedimos un gesto al doctor Federico Moslares y la jueza Laura Cagliolo para que levanten el embargo sobre las tierras”, dijo el presidente, Bruno Ramírez.
Las tierras donde se construirían las canchas de uso común son parte del patrimonio que Atlético Santa Rosa reclama. Ese predio le fue despojado al club hace dos décadas por una estafa de tres exdirigentes. El predio todavía no volvió a manos de la institución y está embargado por los abogados que pretenden cobrar sus honorarios. Eso impide que Santa Rosa inscriba las tierras a su nombre.
“Quiero agradecer el gesto de solidaridad y grandeza de los clubes que apoyaron la causa de Atlético Santa Rosa“, dijo Ramírez en conferencia de prensa en el Mateo Calderon, acompañado de dirigentes de La Barranca, los dos clubes de barrio Matadero, club Santa María de La Pampa, Penales, Deportivo Mac Allister, General Belgrano, Centro Empleados de Comercio, Recreo, Sarmiento, Centro Oeste, El Elyon, Unión del Este, General San Martín, El Charito y Pequeños Gigantes.
“El Club Santa Rosa ha tomado la decisión de que una porción de las tierras que están en conflicto va a ser destinada a construir un campo deportivo común para que todos los clubes deportivos lo puedan usar. Vamos a hacer las canchas necesarias para que todos los clubes de la ciudad tengan un espacio común donde se pueda jugar al fútbol. Queremos recuperar el predio para cumplir este sueño y para eso pedimos al doctor Federico Moslares y a la jueza Laura Cagliolo el gesto de que levanten el embargo sobre las tierras”, sostuvo Ramírez.
Según dijo el dirigente, de las 33 hectáreas que reclama el club, solo 7 se utilizarían para la construcción de canchas con la infraestructura necesaria.
La estafa que arruinó a Atlético Santa Rosa fue hace dos décadas. Por ese caso fueron condenados tres exdirigentes, Miguel Ángel Gómez (expresidente); Jorge “Toro” Sánchez (exprosecretario) y Miguel Talmón (exprotesorero). Esa comisión directiva que integraban vendió parte del predio en que está emplazado el estadio Mateo Calderón en 2.370.000 pesos/dólares, y la sede céntrica fue cedida al empresario Carlos Martín, dueño de una agencia de venta de automotores, en 530 mil dólares.
El club le prestó dinero a un exjugador que puso la financiera Cash Loan y a particulares. Ese dinero nunca volvió a las arcas del Albo. También se compraron tierras a la vera de la ruta 5.
El resto del dinero fue colocado primero en una cuenta en el Banco Río y luego en el Banco de La Pampa. Se hicieron plazos fijos, pero esa plata nunca apareció.
La Justicia intervino, a través de un juicio abreviado, y los dirigentes infieles fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por la quiebra del club.
La Justicia dispuso la conformación de un fideicomiso para gestionar la restitución patrimonial que hoy, a 20 años de aquella estafa, aún no volvió a manos de Atlético Santa Rosa.
El órgano fiduciario está integrado por José Luis Moslares, Leopoldo Bonaveri y Hugo Zorzi. Ese órgano contrató a un estudio de abogados de la misma familia Moslares para gestionar la restitución patrimonial al club Santa Rosa, algo que al día de hoy todavía no sucedió. Esos abogados son Federico Moslares -familiar directo de José Luis Moslares- y Laura Cagliolo, actual jueza civil.
