La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA respaldó la operación de canje de bonos en dólares de los organismos públicos que impulsa Sergio Massa y determinó que no habrá pérdida patrimonial ni se afectarán las jubilaciones.
«Tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados. Por el contrario, ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización», dice el dictamen de la UBA presentado este lunes.
«En el caso de la venta de títulos ley argentina (Bonares), la ganancia patrimonial es de casi 46% producto de la venta y posterior suscripción del bono dual 2036 por el 70% del producido», y añadió que «complementariamente, los organismos reciben el 30% restante en efectivo», sostiene.
«El canje de los bonos globales implica una revalorización promedio de las carteras de los organismos públicos en torno al 104% promedio», indica. «Si bien esta valorización se reduce si tomamos precios de mercado potenciales de los títulos a canjear, el resultado sigue siendo positivo para los organismos alcanzados por esta medida (+23,4%)», agrega.
El dictamen también afirma que «las operaciones de canje tienen efecto neutro sobre la deuda total del sector público consolidado ya que solo implican un cambio de activo al interior de los organismos que lo conforman».
En el informe se puntualiza sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la Anses, dado que representa la mayor parte de las tenencias involucradas en el canje y porque la oposición centró sus críticas en las supuestas pérdidas patrimoniales del FGS y las consecuencias en las jubilaciones.
«El FGS constituye un stock que no debe confundirse con el flujo correspondiente al pago periódico de haberes jubilatorios» que realiza ANSES, indica el informe. «En ese sentido, la operatoria bajo análisis no se corresponde con ningún impacto directo en el haber», continúa. «El FGS nunca fue utilizado para solventar las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público ni para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales a cargo de Anses».
El informe de la UBA también fue defendido por el vicerrector de la UBA y diputado radical Emiliano Yacobitti. «Las universidades nacionales siempre deben responder ante requerimientos técnicos y garantizar la excelencia técnica y académica en las respuestas que producen», escribió. «Los especialistas deben ser designados por las instancias de cogobierno que garanticen la selección de los más competentes, cuyo mecanismo institucional es público y cuenta con el consenso de los claustros», explicó.
En ese sentido, desde Economía dieron detalles de cómo fue la selección de los encargados del dictamen por parte de la UBA. Un área técnica de la institución consultó a quienes tienen injerencia en el tema y a partir de allí se elevó al Consejo Directivo el nombre de los postulados, que fueron Julián Leone y Daniel Milia. Su designación fue aprobada por unanimidad.
