Los diputados provinciales de Propuesta Federal pidieron un informe sobre las “medidas adoptadas” para el normal funcionamiento de Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, a raíz de la denuncia sobre “amenazas, coacción, abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y lesiones” contra el juez Pablo Díaz Lacava.
“La solicitud de información está fundada en que los involucrados son ciudadanos residentes en la provincia de La Pampa y que las medidas adoptadas afectan el normal funcionamiento del Organismo”, explicaron en un comunicado de prensa Matías Traba (Mid) y María Laura Trapaglia (Pro).
“Entendemos que es de suma importancia contar con la mayor información sobre los hechos sucedidos en el Tribunal, por eso pediremos a la Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación brinde los datos disponibles”, dijeron.
Lacava ya no puede ingresar al edificio de la calle Raúl B. Díaz. Fue denunciado por agresión física, violencia de género, amenazas, prohibición ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, además de maltrato y lesiones.
El calvario para los empleados comenzó en 2022 cuando el juez empezó a cada vez más frecuente tener conductas agresivas para con sus empleados del único Tribunal Federal que tiene la provincia.
Las denuncias fueron hechas por Jorge Ignacio Rodríguez Berdier, secretario de Cámara, Alina Laura Trento, secretaria de Derechos Humanos, y Ricardo Javier Sequeira González, secretario de Ejecución Penal.
Los tres secretarios trabajan en el Tribunal. Por disposición del juez federal Juan José Baric, que recibió la denuncia que ellos hicieron, dictó una medida cautelar que le impide al Lacava acercarse a ellos a menos de 300 metros razón por la cual desde hace varios días ya no concurre a su lugar de trabajo. Incluso, representa una problemática porque es un tribunal colegiado, y de llevar adelante juicios es que se va a complicar.
Según esas denuncias, el juez embistió en varias ocasiones a los gritos a sus empleados, en una ocasión los encerró en su despacho en medio de una reprimenda y hasta los criticó por tener contacto con empleados del Ministerio Público Fiscal, que es algo habitual en la práctica judicial.
“Los días y meses siguientes no fueron mejores. Todo empeoró. Sus teorías conspirativas y de traición aumentaron y también su agresividad. Comenzaron los ataques de furia contra. nosotros: rondas interminables de enojo y ofuscamiento por cuestiones triviales que él transformó en «graves e intolerables», siempre justificándose en supuestos fines superiores”, según acusaron.
También por violencia de género al amedrentar a una secretaria que le había pedido permiso para retirarse una hora antes de lo habitual por cuestiones médicas.
Hay en la denuncia una acusación por agresión física pues en una ocasión en que estaban los secretarios reunidos en un despacho, desde afuera y por una ventana que estaba abierta ingresó una piedra que casi impacta en la cabeza de uno de ellos. A los pocos minutos, el juez ingresó por la puerta al lugar y dijo jocosamente que él había arrojado ese proyectil.
Minutos después, el juez hizo saber que hacía responsable que la rotura de la vereda del Tribunal estaba hace tiempo a la inacción de los secretarios para que se la reparara.
La fiscal Iara Sylvestre requirió una investigación y pidió al juzgado la prohibición de acercamiento contra el magistrado denunciado. Así, el juzgado le impuso una restricción perimetral que le impide asistir a su trabajo así como cerca de los empleados del Tribunal que lo acusaron de un catálogo de delitos. Asimismo, también se pidió abrir un sumario en el Consejo de la Magistratura que podría derivar de avanzar en una sanción o bien una eventual destitución.
