La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó la apelación que hizo el juez del Tribunal Oral Federal Pablo Díaz Lacava contra la medida cautelar que le impide acercarse al personal del TOF que lo denunció por maltrato laboral y violencia de género. Pero morigeró dicha restricción.
La resolución se conoció luego de que este diario digital publicara ayer que el defensor Público de Víctimas, Martín García Ongaro, presentó ante la Cámara Federal de Bahía Blanca un escrito en el que denunció el incumplimiento de las restricciones por parte de Díaz Lacava y la continuidad del hostigamiento al personal. Aseguró que mediante correos electrónicos “sigue teniendo contacto con personas a las que él atemorizó”.
Díaz Lacava fue denunciado por trabajadores y trabajadoras del TOF por maltrato laboral y violencia de género. El juez federal Juan José Baric intervino en la denuncia penal y dispuso una orden de restricción de acercamiento y comunicación que dice que el denunciado no puede acercarse a menos de 300 metros del edificio de la calle Raúl B. Díaz, ni tener contacto de ningún tipo con el personal.
La Cámara Federal de Bahía Blanca decidió ahora reducir el impedimento de acercamiento a un mínimo de 50 metros y permitir al juez el ingreso al edificio judicial en horario de tarde, siempre que estén realizado los arreglos que impidan su contacto personal con los denunciantes y el personal.
Los camaristas resolvieron “rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución con las modificaciones establecidas en relación a que se mantenga la prohibición de acercamiento a una distancia mínima de cincuenta metros de los secretarios del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, así como de la nómina total del personal de dicho organismo, en cualquier ámbito, manteniendo la prohibición de comunicación del Sr. Pablo Ramiro Díaz Lacava respecto de ellos, salvo la comunicación por interpósita persona del secretario designado”.
Ayer, Diario Textual reveló un escrito que presentó el defensor de víctimas, Martín García Ongaro, en el que le advirtió a la Cámara Federal de Bahía Blanca que Díaz Lacava habría realizado acciones que “dificultan la vigencia de la medida cautelar”.
De acuerdo al escrito, el juez efectuó una “solicitud de otorgamiento de clave de acceso al correo electrónico del Tribunal; una solicitud de participación en el acto donde se practique el sorteo de asignación de causas por vocalía y una solicitud de convocatoria a un acuerdo para la deliberación sobre la prórroga de los contratos vigentes en el Tribunal”, detalló.