Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación, de un proyecto de ley que modifica la situación de los deudores de créditos UVA, ya comenzó el poder de lobby de los bancos para modificar algunos artículos de esa iniciativa y que en las próximas semanas deberá tratar el Senado.
Las entidades financieras nacionales y extranjeras no quieren perder la actualización de las cuotas en función de la inflación, algo modificado en Diputados, y activaron la presión en el Senado para voltear la iniciativa que impulsa el oficialismo y un sector de la UCR, liderado por Julio Cobos.
Los créditos atados a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) nacieron a finales de 2016 con una cotización de alrededor de $14. En la actualidad, se encuentra por encima de los $281, lo que significa un aumento de 2007%. El texto que aprobó la Cámara baja modifica el coeficiente que ajusta el saldo de capital de las hipotecas lanzadas durante el gobierno de Cambiemos. En vez de tomar como referencia el índice CER, que está ligado a la evolución de la inflación, la iniciativa propone calcular la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte), es decir, a la variación de los salarios. En tanto, en el caso de que esta cifra fuera mayor al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se actualizará de acuerdo al número más bajo.
Para suplir la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito, el proyecto establece la creación de un Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH) que se financiaría con el aporte de hasta el 0.0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera de los bancos. Por otro lado, el beneficio sería retroactivo al 1 de enero y las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor.
En un comunicado, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) aseguraron que los efectos del proyecto serán «los contrarios a los buscados», alegaron que la morosidad es baja, confiaron en que la UVA es una de las herramientas más creíbles «cuando la inflación comience a descender en los próximos años» y pusieron de ejemplo la Ley de Alquileres, otra iniciativa en conflicto cuestionada fuertemente por el sector inmobiliario y banquero.
«El Estado puede contribuir fijando normas generales para que ese desarrollo privado encuentre un terreno más fértil y no interviniendo arbitrariamente los contratos entre privados», apuntaron las entidades.
Uno de los puntos que más criticaron, y que colisiona con sus intereses, es el fondo de emergencia que el sector financiero toma como un impuesto. «Es otro grave problema de diseño», consideraron porque el fondo que se crearía se relaciona con «la cantidad de depósitos que tiene cada banco y no con la cantidad o el volumen de los créditos hipotecarios UVA que otorgó».
Las entidades privadas fueron las que menos créditos UVA y UVI otorgaron y, de todas maneras, deberán aportar. En reemplazo, proponen «crear un fondo compensador privado, entre variación de las UVA y los salarios (CVS), de manera de los tomadores de crédito tengan una especie de “seguro” que los protegerá en los periodos donde la inflación aumentara por encima de los salarios, informó el portal Letra P.
Antes del debate en la Cámara baja representantes de los bancos hicieron llegar sus quejas, a través de cartas, a los diputados y las diputadas de los diferentes bloques. Consultados sobre si volverán a accionar de la misma forma, fuentes del sector no descartaron pedir una reunión con los miembros del Senado para dar a conocer su postura.
Por su parte, las agrupaciones de deudores también se mostraron disconformes con el proyecto que fue girado al Senado. Entienden que la iniciativa beneficia a los bancos ya que «no modifica el sobreendeudamiento del capital» que sigue actualizándose a paso rápido mes a mes.
«Estamos a unos meses de una elección general y siguen echándole la culpa a la inflación», advirtió Gabriela Spartari de Hipotecados UVA y agregó: «El capital que adeudamos ya está incrementado por 1000%. Si alguien solicitó 2 millones de pesos en 2017, hoy debe 24 millones».
En el Senado todavía no hay fecha de tratamiento del proyecto, pero entre las agrupaciones prevén demoras por el contexto electoral.
