El juez federal Pablo Díaz Lacava, acusado de maltrato por parte de los secretarios y empleados del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, ahora recusó al juez que lo investiga, Juan Baric, porque sostuvo que perdió la “imparcialidad”.
Baric, por lo pronto, rechazó de plano la recusación y por eso las actuaciones fueron enviadas a la Cámara Federal de Bahía Blanca. Los jueces de esta cámara serán quienes definirán si Baric continúa o no con la investigación.
La recusación fue firmada por el defensor oficial Carlos Riera. “En el presente proceso se registraron acciones concretas por parte del magistrado de instrucción que marcaron un notable quiebre de la garantía de imparcialidad, sin perjuicio de que también se presentaban situaciones previas al inicio de las actuaciones que objetivamente resultaban más que suficientes para motivar el apartamiento”, dijo. “El primer acto persecutorio que quebró la garantía de imparcialidad se relaciona con la decisión del juez de instrucción al dictar la inaudita medida cautelar en perjuicio de mi asistido (…). Así, el juez adoptó una conducta procesal inclinada deliberadamente a favorecer las peticiones de los denunciantes disponiendo una ilegal e inusitada medida cautelar, transgrediendo la exigencia de fundamentación que inexcusablemente requería una medida de semejante envergadura, violando las reglas de la proporcionalidad y generando un escenario de gravedad institucional”, dijo. “El juez también quebró su imparcialidad en el proceso posibilitando una intromisión ilegal en los ámbitos de privacidad de mi defendido, permitiendo un allanamiento ilegal en su despacho ubicado en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal”, agregó, entre otras medidas.
Baric rechazó de plano esos cuestionamientos. “El ordenamiento procesal prevé diversas vías recursivas para ventilar ante un tribunal superior la procedencia o no de sus pretensiones, como efectivamente ocurrió en las distintas incidencias suscitadas en el marco de los autos principales, pero de ello nunca puede colegirse un temor de parcialidad, pues se llegaría al absurdo de que cualquier decisión adversa a las pretensiones de un imputado le abriría la posibilidad o camino para recusar al magistrado que hubiera dictado la medida”, argumentó. Ahora definirán los camaristas bahienses.