El Poder Ejecutivo de La Pampa envió a la Legislatura un proyecto de ley mediante para solicitar la ampliación de las partidas de recursos y erogaciones, aprobadas por la Ley N° 3511, para este 2023. Pidió un 14,4% que el presupuesto aprobado. Son más de $ 68 mil millones y se destinarán principalmente a incrementos salariales, coparticipación municipal, bienes y servicios, obras públicas y al déficit previsional.
Específicamente el incremento previsto alcanza a la suma de $ 68.449.643.524, por lo que el presupuesto total anual llega a los $ 473.413.610.107, un 14,46 % mayor al aprobado en 2022, detalló la Agencia Provincial de Noticias.
Los nuevos ingresos corresponden, mayoritariamente, a $ 60.637.938.335 por incremento de la recaudación mientras que $ 7.248.500.000 corresponden a más aportes del Gobierno nacional no reintegrables.
En cuanto a la distribución de este incremento presupuestario, el 47,73 % se destina a aumentos salariales, el 18,36 % a Municipios y Comisiones de Fomento, el 13,58 % con imputación en bienes y servicios, el 10,48 % a ejecución de obras públicas y el 9,78 para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales, como principales erogaciones.
“En este análisis, surge el enorme esfuerzo financiero que asume el Gobierno provincial honrando el compromiso asumido de que los salarios de los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación”, expresó la APN.
Y constituye un mayor ingreso de recursos coparticipables a los Municipios y Comisiones de Fomento, específicamente de transferencia automática y regulada según los distintos regímenes de distribución vigentes.
“No es menor el incremento para financiar la inédita cantidad de obras públicas y para atender las políticas públicas de inversión en Salud, Educación y Desarrollo Social, donde los incrementos de precios de los insumos en el transcurso del año así lo ameritan”, sostuvo el Gobierno pampeano.
Y agregó: “Por último, el sostenimiento del déficit de las cajas de jubilaciones estatales se corresponde con la decisión de dar el mayor poder adquisitivo posible a los haberes de los trabajadores pasivos”.
