Luego de una serie de batallas judiciales que ya lleva cuatro años, una mujer de Santa Rosa que actualmente vive en Doblas salió a reclamar públicamente mayor “celeridad” a los organismos intervinientes, en el camino que inició para conseguir que la totalidad de sus hijos estén con ella.
La situación se da a partir de una relación que la mujer, de 46 años, mantuvo con M.S., con quien tiene seis hijos en común y de quien se separó hace unos años. Tras la separación, algunos de los niños y niñas quedaron viviendo con el progenitor.
“La inoperancia e ineficiencia de una Justicia cómplice, patriarcal y contradictoria de los derechos de los niños y niñas de La Pampa no supo resolver a lo largo de los años el caso y devolverme a mis hijas”, disparó en un escrito enviado a Diario Textual.
Entre un cúmulo de aspectos, justificó su lucha al señalar que su ex pareja ejerce violencia de género y que tiene “retenidas” a dos de las niñas desde el 23 de enero, con un único intervalo ocurrido entre el viernes 5 y el domingo 7 de mayo. “Desde entonces no tuve más contacto con ellas en mi domicilio”, lamentó. “Sólo las veo un ratito en la escuela y de lejos, ocasionalmente, en la calle: el padre les prohibió cualquier contacto en casa”.
La separación ocurrió hace cuatro años, un mes después del nacimiento del más pequeño de los chicos, que padece pie bot. A este último se suman cinco hermanos: de 5, 7, 8, 10 y 12 años. La condición del más pequeño requirió intervenciones, tratamientos y continuos viajes hacia Santa Rosa, incluso hasta la actualidad, que debió afrontar sola porque el acusado “se desentendió”.
Pese a eso admitió que efectuó varios intentos para sostener la relación de pareja, aunque la muerte de quien era su suegra desató definitivamente la separación. El hombre se radicó con su padre, en el fondo de un local comercial que explotan en la localidad, y la dejó en la vivienda que compartían.
Pasó el tiempo y se sucedieron los incumplimientos, como el de la cuota alimentaria. La denunciante aseguró que sólo recibe ayuda estatal, estimada en unos 110 mil pesos, con los que tiene que arreglarse. Su caso, dijo, está judicializado desde noviembre de 2019.
Según su relato, Violencia Familiar propone, de acuerdo a los informes, que se haga un “corte de vínculo de los menores con el progenitor” hasta tanto realice un proceso de terapia, aunque se “pasan la pelota” entre los distintos organismos intervinientes y no hay solución. “En abril solicité en vano una medida restitutiva para que mis seis hijos/as estuvieran conmigo”.
En agosto de 2019, luego de una charla, su ex pareja tomó el compromiso de hacerse cargo de los servicios de la vivienda y gastos afines, como así también garantizar la prepaga para los hijos/as y una cuota de alimentos. Además de la continuidad de los pequeños en cada una de sus actividades: culturales, deportivas y recreativas pertinentes. Pero también prometió la presencia y el acompañamiento moral y económico durante el tratamiento del más chico, entre otros aspectos. “Pero luego de esa charla, concretada en mi domicilio, nunca cumplió con lo planteado y acordado”, denunció.
