El Gobierno nacional y la empresa El Azufre llegaron a un acuerdo por las 12.500 hectáreas que estaban en litigio en Malargüe y la firma podrá avanzar con la construcción de un complejo invernal.
El acuerdo fue festejado en La Pampa, que viene objetando este centro porque podría afectar el río Colorado. Pero lo cierto es que no hay mucho por festejar: se descuenta que la empresa iniciará una negociación para la compra de los terrenos y podrá seguir operando.
Durante este viernes la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la firma El Azufre SA firmaron un convenio por el cual se reconoce la propiedad del Estado Nacional sobre las tierras en Potreros de la Cordillera, Malargüe, pero al mismo tiempo también queda establecida la legítima ocupación del grupo empresario para desarrollar actividades turísticas.
Con el acuerdo en mano se culminó un proceso judicial que se inició en octubre de 2022 y a la vez comenzaron a correr los plazos legales para que la empresa adquiera definitivamente los terrenos que estuvieron en disputa, caso contrario se deberá desalojar el lugar el 31 de marzo de 2024.
Mientras tanto, la sociedad deberá abonar un canon de poco más de $3.600.000 mensuales a la Nación, entre otros requisitos, tanto ambientales como de contratación de seguros, que son de cumplimiento obligatorio.
“Estamos muy contentos con el convenio porque hemos logrado poner fin a una polémica que lleva ya mucho tiempo. En el convenio se reconoce la ocupación del campo, reconoce la existencia del régimen especial (por el cual la Nación le había transferido la responsabilidad a la provincia) y también reconoce algo que para nosotros era muy importante, la evaluación de impacto ambiental que fue aprobada hace poco, que era también una preocupación del Estado nacional”, comentó Guillermo Rivaven, responsable de El Azufre.
En el acuerdo rubricado entre la AABE y El Azufre, el organismo nacional “reconoce la ocupación por parte de la empresa y autoriza a continuar con el uso, ocupación y explotación del inmueble hasta el 31 de marzo de 2024, fecha en que la empresa se obliga a su desocupación y entrega formal.
En ese plazo, El Azufre podrá seguir operando normalmente y ofrecer actividades turísticas, entre otras.
“La fecha de desalojo es prorrogable porque si no nos ponemos de acuerdo en el término del precio para la compra, se pide una prórroga y se sigue pagando el canon, mientras se llega a un acuerdo por el valor”, remarcó Rivaben.
Además “por la posibilidad que tenemos de generar una presencia en esa zona los 12 meses del año, porque cuando nieva como en los últimos días somos los únicos que estamos ahí para cuidar un lugar que es de frontera, también nos comprometimos a la custodia incluso de algunos sectores que están fuera del campo”, explicó.
