El diputado nacional Martín Berhongaray, del radicalismo de La Pampa, fustigó el proyecto para reactivar la mina de Potasio Río Colorado, que podría poner en riesgo el agua del río Colorado. Cuestionó el “secretismo” del proyecto y dijo que se debe realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y convocar a audiencias públicas.
Hoy el gobernador mendocino Rodolfo Suárez anunció que ya seleccionaron a la empresa que se hará cargo y reactivará, desde 2024, la mina Potasio Río Colorado, en la zona de Malargüe. Es una iniciativa que tiene en alerta a La Pampa: generará una gran montaña de sal que, en caso de lluvias o vientos, podrían infiltrarse y contaminar el agua del río Colorado.
En esta mina se pretende extraer cloruro de potasio, que se utiliza como fertilizante. Dejará un residuo a perpetuidad: cloruro de sodio.
Este proyecto de explotación minera se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe pero cuyos impactos exceden la jurisdicción provincial de la provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
“Es inaceptable lo que hace Mendoza, pero también la indiferencia del Gobierno Nacional que sabe que la evaluación de impacto ambiental original se practicó sobre un proyecto minero totalmente diferente al actual, y que por eso hay que reiterarla”, dijo a Diario Textual el legislador Berhongaray.
“Como hubo una reformulación de enorme magnitud del proyecto inicial, la legislación ambiental es muy clara y obliga a repetir todas las acciones, procedimientos y las instancias que son exigidas para su aprobación, es decir, hay que volver a hacer la manifestación de impacto ambiental, las audiencias públicas de los interesados o potenciales afectados, los dictámenes técnicos, y la declaración de impacto ambiental”, sostuvo.
“Todo alrededor de este proyecto está envuelto en un secretismo que no puede tolerarse y que refuerza las preocupaciones respecto de los eventuales impactos negativos que puede acarrear. Ahora resulta que en función de un acuerdo de confidencialidad, ni siquiera se divulga la identidad de la empresa que se asoció con el gobierno mendocino para invertir en la mina de potasio”, sostuvo. “De lo que sí hay certezas es que depositar el residuo de la explotación que es cloruro de sodio en el lugar y en las condiciones establecidas en el proyecto, es de altísima peligrosidad en términos hidrológicos, porque va a dejar a escasos kilómetros del río Colorado un enorme pasivo ambiental a perpetuidad que puede sufrir filtraciones o escurrir por la acción de los vientos, las lluvias o la actividad sísmica, y terminar contaminando el río colorado con efectos interprovinciales”.
“Por todo esto y por otros aspectos del proyecto minero que son alarmantes es que desde el 2008 vengo pidiendo a través de distintos proyectos parlamentarios que se incluya en el Plan Anual de Acción de la Auditoría General de la Nación la realización de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental. Es un tema que vengo estudiando hace muchos años y que sigo con preocupación, al punto que fui a recorrer la mina de potasio, me reuní en el 2009 con los auditores de la AGN para que incorporen el tema de la evaluación ambiental, y junto a la Fundación Chadileuvú organizamos foros en las distintas localidades ribereñas porque hace diez años eran pocos los que conocían el tema en profundidad y la empresa se ocupaba de repartir regalos en distintas instituciones para sumar adhesiones”, dijo.
“El último pedido lo hice en el 2020 en el Congreso de la Nación pero evidentemente pesa mucho más la riqueza económica y las fuentes laborales que Potasio Río Colorado pueda llegar a generar, sobre los potenciales impactos y daños al ambiente que pueden terminar perjudicando a varias generaciones de argentinos. Es decepcionante que esa sea la escala de valores con la que se siguen tomando las decisiones, pero tengan la seguridad de que no pienso claudicar en la búsqueda de la total certeza de que no se va a contaminar a nuestro río Colorado”, finalizó.